04/05/26.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió este lunes la Licencia General número 5W, la cual extiende la protección a Citgo Petroleum hasta el próximo 19 de junio, prohibiendo las operaciones con los bonos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) 2020, los cuales fueron garantizados con 50,1 % de las acciones de la refinadora filial de la petrolera estatal venezolana.

Esta nueva orden de la OFAC que extiende la “protección” por menos de dos meses a Citgo, impide que los acreedores de los bonos PDVSA 2020 tomen el control de la refinadora para cobrar deudas pendientes, refieren medios internacionales.

“Salvo lo dispuesto en el párrafo (b) de esta licencia general, a partir del 19 de junio de 2026, todas las transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y demás operaciones con el bono al 8.5 % de Petróleos de Venezuela, S.A. 2020 que estarían prohibidas por el inciso l (a)(iii) de la Orden Ejecutiva (O.E.) 13835 del 21 de mayo de 2018, modificada por la O.E. 13857 del 25 de enero de 2019, e incorporada al Reglamento de Sanciones contra Venezuela, 31 CFR parte 591 (el VSR), están autorizadas”, refiere la orden.

Esta nueva licencia retrasa la efectividad de las restricciones (autorizando ciertas transacciones) hasta el 19 de junio de 2026. Esto significa que, en lugar de una prohibición activa hasta esa fecha, el período actual (entre el 4 de mayo y el 19 de junio de 2026) se encuentra en una zona de transición donde la licencia anterior ya expiró pero la nueva aún no entra en vigencia plena, dejando un vacío legal donde no hay autorización vigente para transacciones relacionadas con la subsección 1(a) (iii) de la Orden Ejecutiva 13835 aplicable a los tenedores del bono PDVSA 2020.

Esta medida permite la ejecución de operaciones financieras relacionadas con el bono de Petróleos de Venezuela, S.A. del 8,5 % a partir del próximo 19 de junio de 2026.

Frenazo a la subasta de Citgo

El nuevo documento sustituye de forma integral a la Licencia General 5V, la cual circuló desde el pasado 19 de marzo de 2026. Según el texto oficial, la disposición ampara el financiamiento y otros tratos comerciales vinculados a estos títulos valores, que en el pasado sufrieron restricciones bajo diversas órdenes ejecutivas firmadas entre 2018 y 2019.

A pesar de esta apertura, el organismo aclaró que la licencia no otorga libertad total de acción, ya que prohíbe explícitamente a los acreedores ejecutar garantías sobre Citgo (la refinería en Texas) para recuperar su inversión.

El texto subraya que cualquier otra actividad que el Reglamento de Sanciones de Venezuela prohíba de manera expresa se mantiene sin cambios. Es decir, mantiene las prohibiciones del Reglamento para cualquier actividad no expresamente autorizada, aunque el Gobierno estadounidense ha bloqueado repetidamente intentos de los tenedores de bonos de tomar el control de Citgo.

Por lo tanto, los actores del mercado deben limitar sus movimientos estrictamente a lo que establece este nuevo permiso federal.

Bradley T. Smith, director de la OFAC, validó la resolución con su firma este 4 de mayo. Con este ajuste, el Gobierno estadounidense redefine el cronograma legal para que los tenedores de bonos y entidades financieras gestionen sus intereses en torno a la deuda estatal venezolana en el plazo establecido.

Con la emisión de la Licencia General 5W se frena la subasta de Citgo ya decidida por un tribunal del estado de Delaware, EEUU, a favor de Amber Energy, filial de Elliott Investment Management, empresa que se ha comprometido en invertir más de 11.000 millones de dólares en la todavía filial de PDVSA.

La situación de Citgo se ha tornado incierta, ya que la subasta sigue generando polémicas y procedimientos judiciales de bloqueo, mientras los Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos mantienen una nueva relación, después de los sucesos del pasado 3 de enero, señala la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Cabe recordar que Citgo es una empresa venezolana, filial de PDVSA, que durante el supuesto "gobierno de transición" de Juan Guaidó, en 2019, la derecha nacional e internacional y empresas estadounienses aprovecharon para apoderarse de la misma, así como de otros activos nacionales en el exterior, y desde ese momento el Gobierno nacional reclama su propiedad.

LUCILA CONTRERAS / CIUDAD CCS