02/05/2026.- Un daño falaz contra la buena reputación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y su esposa ha sido cometido por el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump. Este, dueño de una conducta psicopática, transgredió la Constitución de Estados Unidos (EE. UU.) al haber ordenado la ejecución del secuestro del primer mandatario venezolano y su cónyuge, violando el derecho internacional. Mantenerlos privados de libertad fuera del territorio nacional —sin haber perpetrado delito alguno— constituye un peligro para la vida física de ambas personas.

En las dos audiencias ante la Corte Penal del Distrito Sur de Nueva York, tanto el presidente Maduro como su esposa, obrando en legítima defensa y exentos de responsabilidad penal, sostuvieron que fueron secuestrados. Siendo objetiva esta necesidad de defensa, ratificaron además su condición de prisioneros de guerra. También consideran que Trump se basó en hechos manifiestamente falsos, apalancado por los opositores ultraderechistas.

El presidente Donald Trump, sin importarle un bledo la operación militar y las consecuencias del bombardeo a sitios civiles y militares de Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira, no se preocupó por la muerte de más de cien personas —entre ellos los treinta y dos combatientes cubanos asesinados— junto a un número indeterminado de heridos. Tampoco tomó en serio las destrucciones a bienes públicos y privados por las explosiones de misiles balísticos ni la provocación de episodios de psicosis como consecuencia de la agresión y el secuestro.

Cuando se concretó el bombardeo al país por parte de la administración Trump la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, se sentó un precedente más en la delictuosa política exterior de EE. UU. contra el Estado venezolano. La difamación, la calumnia y la injuria falsa se acentuaron como delitos contra el honor de nuestra patria. Trump, al parecer, creyó que lograría una transición segura con un gobierno afín bajo lo que él llamó la resolución absoluta, al uso y modelo estadounidense. Por desgracia para él, fue todo lo contrario, porque en Venezuela aún está dominando la Revolución Bolivariana.

En Venezuela, pese a la materialización de la agresión y el secuestro del presidente Maduro por parte de EE. UU., el sistema nacional de inteligencia y contrainteligencia de la República —que procesa la identificación, prevención y neutralización de la actividad interna y externa de cualquier factor que pretenda atentar contra la seguridad, la soberanía nacional, el orden constitucional y las instituciones democráticas— ha tenido que admitir, con la más honesta búsqueda de la verdad, nuestra vulnerabilidad militar frente a la superioridad de la máquina militar norteamericana, apoyada en las fake news, la posverdad y el Algorithmic Warfare Cross-Functional Team (conocido comúnmente como proyecto Maven) del Pentágono. Los mismos contribuyeron con fuentes de datos, que incluyeron fotografías, imágenes satelitales y datos de geolocalización (dirección IP, geoetiquetado, metadatos, etc.). Todo esto, por supuesto, con la cooperación de traidores a la patria, que no faltaron en la facilitación de coordenadas, según informaciones difundidas al respecto.

La agresión militar y el secuestro de Maduro y Cilia por parte de la Casa Blanca obedecieron al machucado pronunciamiento de Donald Trump de hacerse con el gobierno venezolano, apropiarse de las grandes reservas petroleras y dictar órdenes ejecutivas a su antojo; es decir, gobernar a Venezuela. Esta rimbombante alucinación de Trump solo quedó en eso, en alucinación, porque él sabía que nunca esas afirmaciones podrían ser tomadas en serio. Sus facultades presidenciales constitucionales no contemplan tal pisoteo en las relaciones de EE. UU. con otros Estados. Además, existen limitaciones en su Constitución que no pueden ser objeto de cercenamiento por actos de piratería, como lo sucedido el trágico sábado 3 de enero de 2026.

El surgimiento de la Revolución Bolivariana es un avance que no permite perturbación en la lucha por la liberación nacional para garantizar la protección ciudadana y la seguridad de la nación. El Estado venezolano tiene como base fundamental garantizar la satisfacción de los intereses y objetivos nacionales establecidos en la Constitución y las leyes. Esta vez son menos los países que han dado crédito a las patrañas de Estados Unidos, cualquiera que sea el ropaje con que se les vista. El gobierno venezolano y el pueblo están convencidos de que se pueden buscar soluciones prácticas. Un diálogo serio y honesto contribuirá a la conservación de la paz y la seguridad, robusteciéndolas.

J. J. Álvarez