26/04/2026.- El mayor evento político nacional ocurrido después de la agresión del 3E es la instalación de la AN y la juramentación de la presidenta encargada. El mayor evento económico es el anunciado aumento "responsable" del ingreso integral de los trabajadores, base de este período de estabilización macroeconómica.

La presidenta encargada ha iniciado el 19 de abril la peregrinación por el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales. Entre otras cosas, ha dejado en claro que la verdadera traba a la seguridad jurídica para los inversionistas es la existencia de las 1.088 medidas coercitivas unilaterales. Solo los sectores extremistas solicitan el mantenimiento de dichas medidas, ubicándose al margen del llamado a la conciliación, la paz y la sanación de las heridas causadas por la irracional confrontación violenta.

Ese sector recalcitrante, ajeno al bienestar de la patria, mantiene desde Europa un discurso racista y violento. En la cúspide de la negación de la realidad política nacional, la señora MCM, motivada por las más primitivas apetencias de poder bajo el pretendido amparo del imperio más sanguinario que ha existido, mantiene salidas tan ocurrentes como la siguiente: ante la pregunta de un periodista sobre el diálogo gobierno-oposición, por la razón de no participar, su respuesta, palabras más, palabras menos, fue: "No asistimos porque somos el gobierno, porque ganamos las elecciones".

Más allá de la risa que puede causar esa respuesta, decía Chávez que no hay que subestimarlos. Allí está evidenciando que sus aspiraciones no son la reconciliación nacional, sino la búsqueda del aniquilamiento del contrario mediante la violencia. Entre otras herramientas, usarían el lawfare. Ejemplos sobran: Dilma y Lula, atacados judicialmente; el expresidente de Bolivia, preso; el ex-vicepresidente de Ecuador, preso; el presidente de Perú, preso; la señora Kirchner, con casa por cárcel; el presidente de Venezuela y su esposa, prisioneros de guerra, etc., sin contar los asesinatos selectivos y la violencia callejera de los comanditos armados.

Al contrario, el esfuerzo de la presidenta Delcy Rodríguez se concentra en atraer inversión extranjera y en el bienestar económico de la población. Por eso, ha anunciado un aumento "responsable" del ingreso mínimo integral. Es en mi opinión, la medida económica más relevante tras el hecho político más importante posterior al 3 de enero es la instalación de la Asamblea Nacional, con el espectro político actual vigente hasta 2030. El acto político ha tenido sucesivas derivaciones institucionales: juramentación de la presidenta encargada, reforma de leyes de minería e hidrocarburos, instalación de los poderes judicial y ciudadano, este último con autoridades renovadas conforme a la representación política.

Hay otras materias pendientes en lo financiero: las catorce licencias de la OFAC posteriores al 3 de enero alivian algunas de las 1.088 medidas coercitivas unilaterales, aunque no las levantan. Es evidente la asimetría entre las medidas coercitivas de efecto indefinido y las licencias con duración de seis meses a un año. Por ejemplo, la licencia 57 de la OFAC permite el regreso de Venezuela a la banca global, sin acceso a los activos represados en distintos bancos corresponsales.

Aun así, la sorpresiva noticia del regreso de Venezuela al FMI y al BM da cabida a dos opciones de acceso a algunos de nuestros activos de reserva: los que distribuyó el FMI en 2021 para paliar los efectos de la pandemia, que se encontraban bloqueados, más el monto correspondiente a la diferencia entre la cuota de Venezuela y las tenencias de moneda en poder del organismo. El monto es de 4 mil 900 millones de dólares. También existe el financiamiento bajo condicionalidad macroeconómica tradicional, que la presidenta ha dicho que no es opción en este momento. Entonces, tenemos fondos disponibles que no exigen un programa de ajuste estructural a cambio. Este escenario es posible gracias a que Chávez aprovechó el boom petrolero del ciclo 2005-2010 y saldó las cuentas pendientes con el FMI y el BM, y canceló, incluso, el último de los bonos de deuda privada asimilada por el Estado en la refinanciación de los años noventa.

En fin, estamos nuevamente en el sistema financiero mundial, aunque sin poder acceder a los activos represados en bancos, porque las licencias obtenidas no llegan hasta ese punto. La respuesta de los dos organismos multilaterales constituye el mayor alivio derivado del reconocimiento de la presidenta encargada y de la licencia 57 OFAC para eliminar ciertas restricciones operativas al BCV y a la banca pública. La banca privada nacional no está sancionada, solo se ha visto afectada por medidas de sobrecumplimiento y precaución (overcompliance).

El manejo de la deuda soberana y de Pdvsa es otro capítulo, pero resulta manejable favorablemente para el flujo financiero externo, dados los usos y costumbres de esos mercados. El único refinanciamiento masivo de deuda, dados el monto y el número de instituciones involucradas, se logró en cinco años, período en el cual el servicio de esa deuda quedó suspendido. Durante los últimos nueve años, las erogaciones por servicio de la deuda externa venezolana han sido retenidas por los agentes bancarios internacionales, siendo imposible honrar los compromisos por razones ajenas a la capacidad de pago de la república. Entonces, Venezuela no está técnicamente en default, pues son condiciones de fuerza mayor las que han impedido honrar esos compromisos.

Es claro que la reestructuración mantendrá suspendido el servicio de la deuda externa, proporcionando beneficios adicionales al flujo de divisas esperados por la nación. Además, el perfil de las acreencias soberanas de Venezuela, Pdvsa y Corpoelec es del todo manejable. Esto se debe a las sabias decisiones del comandante Chávez cuando, durante el superávit comercial del segundo lustro del milenio, canceló hasta el último instrumento del llamado plan Brady. Incluso, centavo a centavo, se saldó la deuda privada convertida en deuda pública motivada por la devaluación de 4,3 a 7,5 bolívares por dólar de aquel entonces.

Recapitulando: el mayor evento político después de la agresión del Comando Sur es la instalación de la AN tras la toma como prisionero de guerra del presidente Nicolás Maduro Moros y la diputada Cilia Flores. Corresponde entonces calificar como el mayor evento económico en la actualidad el aumento del ingreso integral responsable a dictar por la presidenta este primero de mayo. La demanda agregada adicional permitirá a la clase trabajadora recuperar una parte importante del poder adquisitivo real, con las consecuencias positivas de estímulo al sector productivo. Idealmente, se podría recrear de forma incremental lo ocurrido en agosto de 2018 con las medidas de la agenda económica bolivariana.

Es recomendable complementar dicho aumento con medidas de estímulo a nuevas cadenas productivas mediante la profundización de la sustitución estratégica de importaciones, a fin de promover el mayor aprovechamiento de las divisas incrementales obtenidas por el alivio de las medidas coercitivas.

En fin, la presidenta ha sido clara. La solución definitiva a la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras sigue siendo el levantamiento total y definitivo de todas las medidas coercitivas unilaterales.

Marcial Arenas