23/02/2026.- En la Asamblea Nacional, el diputado opositor Luis Florido pide la palabra durante el debate de la segunda discusión de la Ley de Amnistía. Propone eliminar la mención “violentos” a los hechos que causaron heridas sociales al país, como, por ejemplo, las guarimbas fascistas donde asesinaron personas inocentes; otros fueron quemados por su color de piel, por ser chavistas o por intentar retirar barricadas en las vías para acudir a su sitio de trabajo o estudio. 

A juicio del parlamentario, esos lamentables sucesos solo fueron hechos o “manifestaciones”, así a secas. De ese modo quiso banalizar la barbarie de las guarimbas. No le bastaba con que fueran amnistiados con esa ley los participantes y algunos responsables de esas atrocidades. Pretendía también blanquear la historia de violencia de sus correligionarios.  

—Son hechos, no se puede criminalizar a todas las personas que concurrieron a algunos de esos hechos —insistía.

—Este es un descarado, vale —se escuchó decir, desde el palco de prensa, a uno de los diputados del chavismo.

—Orden, diputados, diputadas, se me calman, diputados, diputadas —dijo en la sesión Jorge Rodríguez, el presidente del Parlamento, intentando apaciguar el bullicio indignante de la bancada del chavismo. 

Solo el cinismo podría plantear la supresión, así a la ligera, del término “violentos” de esos hechos. Pero esa es la materia que compone una de las oposiciones (hay tres fracciones minoritarias) que existe en el Parlamento venezolano. Antes de ser electo como diputado, con garantías democráticas, Florido estaba prófugo de la justicia que lo señaló de participar en el fallido golpe de Estado acaecido el 30 de abril de 2019, otro hecho violento, de los 13, que se incluyó dentro de la Ley de Amnistía.   

Cualquiera que sufrió en carne propia el efecto pernicioso de las guarimbas sabe que la categoría “hechos violentos” es hasta modesta. Las muertes, heridos, destrozos y profundas secuelas psicológicas provocadas con saña en los distintos episodios de guarimbas (todas amnistiadas en la ley), reafirman la travesura del parlamentario al pretender desadjetivar de violencia esas acciones promovidas por la oposición venezolana.   

Era obvio que el diputado Florido buscaba dejar plasmado en la ley que en este país no hay violencia opositora que perdonar. Quiso meter de contrabando en el debate que solo hubo “manifestaciones decentes y ciudadanas” contra un gobierno, tal como aún lo creen en el extranjero. 

Florido intentó lanzar al olvido el dolor causado por los desmanes del extremismo opositor. Intentó aplicar de forma exprés un alzhéimer político, dejando la verdad de lo ocurrido en las nebulosas de las dudas y en los nubarrones emocionales de la posverdad. 

Parecía un detalle menor, pero no lo fue. En todas las 13 situaciones de la ley en las cuales se otorga el beneficio de la amnistía, hubo violencia sistemática, confeccionada una a una por figuras de la oposición, que convencieron a muchos de sus electores y aliados mediáticos de que adversar al Gobierno justificaba incendiar un CDI (Centro Diagnóstico Integral), un preescolar o tender en la noche una guaya en una vía pública para que los motorizados se degollaran al pasar. Fue la apuesta de facto de la ruptura de una convivencia democrática sine qua non que siempre debió prevalecer en los momentos de mayor responsabilidad política.

“La palabra violencia se tiene que eliminar, no es necesario adjetivar; cuando se coloca la palabra violento, ya se está calificando a las personas que pueden ser beneficiarias de la amnistía”, seguía insistiendo el diputado Florido, intentando blanquear en menos de un minuto de intervención años de profusa violencia sistemática contra la democracia.  

La falacia, afortunadamente, fue desmontada in situ. “Si una persona participó en hechos no violentos de 2007, no tiene que ser sujeto de ninguna ley de amnistía porque no cometió ningún delito, no cometió ninguna falta. [Ahora], si una persona quemó un CDI, sí es sujeto de la Ley de Amnistía”, señaló Rodríguez.

Como se sabe, la ley fue aprobada por unanimidad, un detalle que revela que el planteo de Florido fue un intento de aprovechamiento del nuevo momento político. La bancada parlamentaria, de la cual forma parte Florido, votó a mano alzada la propuesta sin objeción. Admitieron que la concepción de lo sucedido fueron “hechos violentos” y que hoy son motivos de perdón por ley. Reconocer eso ha sido clave para avanzar hacia la paz con respeto. Aprobar la ley ha sido un hecho de paz.

Manuel Palma