06/12/2025.- El terrorismo de la administración Trump se ha convertido en una estrategia militar que espera cambiar la situación política mundial extendiendo el terror donde pueda desatar el miedo, que es el argumento principal para inspirar el desequilibrio mental de las poblaciones civiles de los países latinoamericanos y caribeños. El gobierno de Donald Trump ha sido puntal en el acoso y la provocación durante la etapa más crucial de la guerra psicológica contra Venezuela.

El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, cuando ataca al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, no halla cómo transgredir el derecho internacional como lo ha hecho en Siria, Irak y otros países, porque en Venezuela no tiene una mayor probabilidad de éxito y esta no se quedaría con los brazos cruzados y lo más seguro es que respondería contundentemente, con el apoyo de la solidaridad internacional. En cambio, Trump busca apropiarse de la riqueza petrolera y gasífera de Venezuela e infligir daños políticos, económicos, sociales y reducir la capacidad que pueda tener para contraatacar. En particular, Trump trata de eliminar la Fuerza Armada de Venezuela y sus opciones más poderosas y así concretar la invasión militar en el territorio venezolano.

Esto es, por ejemplo, lo que hizo EE. UU. en el derrocamiento del presidente Juan Bosch, con la invasión a República Dominicana el 28 de abril de 1965, apoyado por la OEA, causando entre 6.000 y 10.000 dominicanos muertos. La resistencia dirigida por el general Caamaño contra los marines norteamericanos para reponer al presidente Bosch en el Gobierno fracasó. Caamaño, poco después, sería asesinado al frente de una columna de guerrilleros. La invasión a Panamá en 1989 por el ejército de EE. UU. causó el asesinato de más de 7.000 panameños, detuvo al presidente Manuel Noriega y lo llevó a Washington por orden del presidente de EE. UU., George Bush padre. Este arresto de Noriega, por supuestamente tener contactos con el narcotráfico, fue producto de una manipulación de la DEA, que no confiaba en él, ya que, como agente de la CIA, tenía muchos encontronazos verbales por la flexibilidad de esta agencia con cárteles colombianos en los espurios negocios de las drogas. Lo cierto es que condenaron a Noriega a 40 años de prisión en cárceles estadounidenses, sin tener derecho a la defensa. Cuesta trabajo imaginar tan solo la ceguera guerrerista de Donald Trump, que se niega a aceptar el hecho objetivo de que, de invadir Venezuela, generaría un conflicto regional que estallaría a una distancia de 489 kilómetros entre ambos países, lo cual escaparía inevitablemente al control y produciría un desastre al afectar la región y el mundo.

En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha hecho numerosas gestiones, proposiciones concretas y declaraciones precisas desde hace años, para encontrar fórmulas de convivencia pacífica en pro de la paz, la seguridad y la congelación del enfrentamiento bélico.

La verdad infranqueable es que el presidente Maduro no tiene los antecedentes penales que tiene el presidente norteamericano Donald Trump y que aún siguen vigentes. En esto, no hay que discutir absolutamente nada que afecte a Maduro.

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El imperialismo norteamericano es el que difama, calumnia e injuria; es el que es cómplice del genocidio en la Franja de Gaza y Ucrania; el que asesina a civiles en el planeta; el que hurta y trata de hurtar petróleo y gas ajenos; el que ha matado intencionalmente; el que inflige deliberadamente grandes sufrimientos o atenta contra la salud o la integridad física de hombres, mujeres, niños y ancianos de este mundo; el que destruye bienes o se apropia de ellos; el que, sin juicio, priva de la vida a supuestos traficantes de droga; el que ha cometido otras graves violaciones de las leyes dentro del marco del derecho internacional, etcétera.

Las personas sensatas de Venezuela nos preguntamos, ¿por qué no son enjuiciados pronta e impecablemente los culpables que se burlan de la comunidad internacional, y cuya impunidad es una puerta abierta al crimen? Por ahora, todos los medios jurídicos y legislativos internacionales al alcance de una verdadera justicia no han servido.

En la actualidad, para que el derecho internacional surta un verdadero efecto disuasivo en beneficio de la humanidad, es necesario refundar con carácter urgente la Corte Penal Internacional (CPI), dirigida también por personal profesional idóneo de América Latina y el Caribe, Asia, África y países árabes, ante la trágica situación de terrorismo y guerra que padece la comunidad internacional.

J. J. Álvarez