Defensoría del Pueblo forma a jóvenes en defensa de los DDHH
Ente rector de los derechos humanos busca la reinserción en la nueva visión del país
14/10/26.- La Defensoría del Pueblo anunció el próximo lanzamiento oficial del programa “Jóvenes Defensoriales”, iniciativa orientada a capacitar a este sector de la sociedad en la defensa de los derechos humanos, la gestión de riesgos comunitarios y la atención integral a adolescentes en conflicto con la Ley Penal.
Así lo dio a conocer la institución a través de una publicación en su portal web, donde se detallan las declaraciones ofrecidas desde el estado Anzoátegui por la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, durante la realización de la Consulta Nacional por la Reforma de la Justicia Penal.
En la misma, González adelantó que este proyecto se ejecutará en alianza estratégica con el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (Mppsp), contemplando el desarrollo de talleres, diplomados y programas de formación especializada diseñados para garantizar una reinserción social y comunitaria efectiva.
"Queremos jóvenes solidarios que no solo prevengan situaciones de riesgo en sus comunidades, sino que también tiendan la mano con formación y oportunidades a quienes se encuentran en centros de atención procesal", aseguró la Defensora del Pueblo.
DDHH y Reforma de Justicia Penal
En relación con la Consulta Nacional por la Reforma de la Justicia Penal, la autoridad de los derechos humanos en nuestro pais enfatizó que la igualdad ante la ley debe ir acompañada del aseguramiento efectivo de las garantías constitucionales en todo el territorio nacional, advirtiendo que la pobreza no puede traducirse en desventaja procesal.
"La pobreza no puede convertirse en una circunstancia que agrave la situación procesal de una persona, ni mucho menos una razón que determine su privación de libertad", afirmó.
Asimismo, reflexionó sobre las particularidades geográficas y culturales del estado Anzoátegui, cuya extensión abarca 43 mil km con realidades pesqueras, agrícolas, petroleras, turísticas e indígenas, para analizar cómo la distancia y la diversidad territorial inciden de manera directa en el acceso a la asistencia jurídica oportuna.
En materia de garantías de juzgamiento, reiteró que la prisión preventiva no debe convertirse bajo ninguna circunstancia en una sanción anticipada, debiendo aplicarse de manera estricta bajo criterios de necesidad y proporcionalidad para resguardar el principio de presunción de inocencia y evitar el retardo procesal.
Finalmente, resaltó la urgencia de abordar con perspectiva diferencial la situación de las mujeres e indígenas dentro del sistema penal, alertando sobre el profundo impacto negativo que genera la privación de libertad en el tejido social y la estructura familiar.
LUIS BLANCO / CIUDAD CCS
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