18/05/26.- El gobierno nacional y la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fijaron una posición oficial conjunta respecto al estatus legal y la reciente deportación de Alex Saab. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y el primer vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello, aclararon de manera categórica que Saab es un ciudadano de origen colombiano y que la medida administrativa de deportación ejecutada por las instituciones del Estado responde estrictamente a la defensa de la soberanía, el ordenamiento constitucional y los intereses superiores de la nación venezolana.

Durante una jornada de gestión pública, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instó a la población a tener plena confianza en las determinaciones del ejecutivo, subrayando que toda acción asumida por su administración desde que asumió las riendas del gobierno nacional se realiza con el único criterio de proteger al país y garantizar su estabilidad.

Al referirse al caso, la mandataria aclaró que Saab cumplió funciones específicas en Venezuela en el pasado, pero enfatizó que la actual controversia es un asunto que compete de forma exclusiva a los Estados Unidos y al propio ciudadano colombiano, lo que justificó la aplicación de una medida administrativa de deportación apegada al derecho público para preservar la tranquilidad y el desarrollo del pueblo frente a cualquier pretensión de sectores mezquinos.

Falsificación de identidad y el amparo del artículo 271 constitucional

Por su parte, durante la rueda de prensa semanal del PSUV, Diosdado Cabello ofreció detalles técnicos sobre la investigación exhaustiva que dio origen a la expulsión. El dirigente político reveló que Alex Saab portaba un documento de identidad venezolano fraudulento, con una supuesta fecha de emisión del año 2004, mediante el cual logró acceso a diversas gestiones en el país.

Cabello fue enfático al señalar que, tras una verificación detallada en los archivos del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), se constató la inexistencia de un expediente o registro legal que certifique que dicha persona posea la nacionalidad venezolana, sumado a que el propio investigado fue incapaz de precisar los datos básicos de su documentación durante los interrogatorios institucionales de control.

En ese sentido, el también ministro de interiores fundamentó la legalidad de la entrega amparándose en el artículo 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece de forma explícita que en ningún caso se podrá negar la extradición de ciudadanos extranjeros responsables de delitos transnacionales como la legitimación de capitales, el narcotráfico, la delincuencia organizada internacional o hechos contra el patrimonio público de otros Estados. Cabello cuestionó a los sectores de la oposición que han salido en defensa del procesado y los instó a revisar el estricto apego al derecho de la decisión, recordando que los propios abogados de Saab han hecho públicas las previas relaciones y acuerdos de su defendido con agencias de inteligencia norteamericanas, una situación que el ciudadano colombiano deberá esclarecer ante las instancias correspondientes.

Precedentes judiciales y fraudes bajo investigación en el país

Para contextualizar el proceder de los órganos de seguridad del Estado, Cabello comparó el procedimiento con la reciente expulsión y entrega a las autoridades de Panamá de un ciudadano solicitado por un atentado terrorista contra una aeronave que cobró la vida de 19 personas, quien había ingresado a Venezuela desde Ecuador utilizando una identidad falsa para tramitar una cédula venezolana irregular. Las autoridades recalcaron que, al igual que en ese caso, el Estado venezolano actuó conforme a los convenios internacionales procediendo a la deportación de Saab hacia el último territorio de procedencia antes de su ingreso a la República para que la justicia internacional se encargue de los cargos señalados.

Finalmente, la dirección política del país dejó constancia de que la falsificación documental utilizada por Saab forma parte de un expediente mucho más amplio que está siendo investigado de forma penal por los órganos de justicia del país. Este proceso abarca el desmantelamiento de redes dedicadas a fraudes de diversa índole contra el patrimonio de Venezuela, ratificando el compromiso de las instituciones de mantener la transparencia y aplicar las leyes vigentes ante cualquier irregularidad que atente contra la seguridad y la fe pública de la nación.

THUAREZCA JULIO / CIUDAD CCS