13/05/2026.- Comencemos por la Guayana Esequiba; el reclamo venezolano sigue sin salida de acuerdo a los últimos acontecimientos. El tiempo ha mostrado que todas las hostilidades contra Venezuela fueron y siguen siendo atizadas y pagadas por la ExxonMobil como instrumento de explotación, pero también de intervención en Guyana y Venezuela. A pesar de que Venezuela, durante el gobierno de Chávez, Maduro y Delcy Rodríguez, ha convocado al gobierno de Guyana al diálogo, insistentemente, la respuesta de Georgetown siempre ha sido hostil.

Algunos autores han señalado que los supuestos yacimientos de gas y petróleo en los bloques en la fachada del Atlántico y la plataforma marítima en litigio son una mentira y que justificaban la generación de hostilidades y provocaciones contra Venezuela, dirigidas desde el Departamento de Estado.

Esa correlación de fuerzas enfrentadas está cambiando luego que Venezuela reanudó relaciones con Estados Unidos; ahora bastará ver al Gobierno de Guyana dando largas injustificadas ante el reclamo de Venezuela sobre la base del Acuerdo de Ginebra de 1966.

La segunda perversidad contra Venezuela la constituyó la respuesta de Luiz Inácio Lula da Silva a la solidaridad del presidente Maduro. Luego que se descubrieran planes para defenestrar al presidente de Brasil, el presidente venezolano se solidarizó con su par brasileño, al que calificó como líder dedicado a la paz. La respuesta de Lula fue tibia cuando Brasil se opuso al ingreso de Venezuela en el grupo de los Brics, aduciendo que fue una resolución técnica de la Cancillería brasileña. A esto hay que agregar la suspensión de Venezuela en el Mercosur, con el apoyo de Brasil argumentando la “crisis política” que vive la patria de Bolívar desde 2017.

La tercera, Venezuela pagó a Argentina el costo de dos barcos petroleros por un monto de más de 112 millones de dólares, que nunca fueron entregados a la empresa estatal petrolera venezolana Pdvsa, que ordenó la construcción de ambas naves al Astillero de Santiago en la Ensenada, Buenos Aires. El primer buque, denominado Eva Perón, que fue botado en 2012, con un 98% de avance, pero no fue terminado, y el Juana Azurduy salió de la grada de construcción y permanece inconcluso; ambos llevan 14 años deteriorándose, aunque los pagos totales fueron cumplidos por Venezuela.

La cuarta, después de fructíferas relaciones diplomáticas y comerciales entre Venezuela y Argentina durante los gobiernos de Néstor Kirchner, luego Cristina Fernández de Kirchner y de que el presidente Maduro se solidarizara con el presidente Alberto Fernández en distintas ocasiones, el Gobierno de Argentina, dirigido por Fernández, no tuvo la suficiente voluntad para evitar el secuestro del avión Boeing 747-300 de la empresa venezolana Emtrasur (filial de Conviasa), que había aterrizado en el aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, el 6 de junio de 2022. La orden de un juez argentino acusando a la tripulación de supuestas actividades terroristas permitió la confiscación del avión propiedad del Estado venezolano y su entrega al Gobierno de EE. UU. en lo que constituyó un acto violatorio de la soberanía territorial de Venezuela, puesto que ese avión representaba, según los protocolos internacionales, un espacio soberano de la nación venezolana.

La respuesta del presidente Alberto Fernández fue tan patética como cobarde, al señalar que “la retención no era una decisión política sino judicial, basada en tratados internacionales y alertas de inteligencia y que debía cumplir con los pedidos de incautación de la justicia de Estados Unidos”.

La quinta perversidad, a pesar de que Venezuela ha sido la única nación en el mundo que ha desarrollado políticas públicas de solidaridad y apoyo a sus connacionales, como la Gran Misión Vuelta a la Patria, que ha logrado el retorno seguro a miles de compatriotas por migración inducida y en situación crítica en países receptores como Perú, en esa nación se desató una campaña de criminalización pública cargada de xenofobia, acoso físico y psicológico que los medios de comunicación peruanos han expandido junto a algunos dirigentes oficiales, que han afectado de manera general a niños, niñas, adolescentes y mayores venezolanos en situación crítica. No obstante, el Estado peruano ha solicitado a organismos multilaterales y de derechos humanos financiamiento para asistir a los migrantes bajo la premisa de “atención al migrante", sin que ello se haya traducido en una mejora tangible para los ciudadanos venezolanos en esa situación, según una investigación inédita titulada Diplomacia migratoria y retorno asistido: Un análisis del plan Vuelta a la Patria aplicado por Venezuela como instrumento de soft power en la República del Perú (2019-2024), de la magíster en diplomacia Mariana Silva.

Aldemaro Barrios Romero