06/05/26.- Javier Milei, presidente de la República Argentina, acudió a instancias judiciales a través de la Procuraduría del Tesoro de la Nación, donde ingresó un recurso extraordinario con efecto suspensivo contra la sentencia de la Cámara Federal de San Martín, sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Esta cuarta ofensiva legal, dirigida ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), profundizó el estado de desprotección que sufre este sector desde hace meses.

La falta de pagos por parte del Estado provocó que los médicos suspendan la atención especializada y que los transportistas cesen sus servicios, eliminando el apoyo histórico que brindaba el sector público a estas personas.

En paralelo, referente al caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la justicia dictaminó que el monto del desfalco en dicho organismo asciende a 75 mil millones de pesos, cifra cercana a los 55 millones de dólares.

Servicios públicos argentinos en crisis

Los entes involucrados en esta nueva medida de Milei estarían obligados a paralizar funciones estatales básicas, entre las que destacan el patrullaje de las fuerzas federales, la provisión de alimentos en cárceles y programas de salud pública, entre otros.

Por su parte, representantes sindicales continúan la denuncia pública a este tipo de medida que deja a gran parte de la población argentina en indefensión.

“El cumplimiento de la ley, según el Gobierno, produciría que la población en general se quede sin la protección de las fuerzas federales por culpa de la atención de las personas con discapacidad; que las personas que viven en las cárceles sean privadas del alimento por ellas; que quienes padecen graves patologías no reciban su tratamiento y su medicación por ellas; y que se vea afectado el suministro de medicamentos por culpa del interés egoísta de la población con discapacidad”, rechazaron representantes sindicales argentinos.

CIUDAD CCS