04/05/26.- Este 4 de mayo, el juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años, ordenó formalmente la celebración de una nueva audiencia judicial para el próximo 30 de junio de 2026, a las 12:00 del mediodía, en el Palacio de Justicia de Manhattan, del juicio que se le sigue en Nueva York al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y a la primera dama y diputada, Cilia Flores. La decisión responde a una solicitud conjunta presentada electrónicamente el 1° de mayo por la defensa y la fiscalía, y fue oficializada en el expediente del caso.

Según la misiva enviada por el abogado Barry J. Pollack, el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores de Maduro consintieron la exclusión de tiempo bajo la Ley de Juicio Rápido (Speedy Trial Act) entre el 24 de abril y la fecha de la nueva audiencia, refirió AVN, de acuerdo con medios internacionales.

El objetivo de este aplazamiento es permitir que el equipo legal de la defensa revise las pruebas y prepare las mociones previas al juicio. En el documento, ambas partes argumentaron que los fines de la justicia superan el interés público de un juicio expedito en esta etapa procesal. En la audiencia, Maduro y Flores serán trasladados desde el MDC Brooklyn hasta la Corte del Distrito Sur de Nueva York. 

A tres meses del secuestro

El 3 de enero de 2026 marcó un antes y un después en la historia reciente de Venezuela y sus relaciones con Estados Unidos. Ese día, fuerzas militares estadounidenses ejecutaron una operación en Caracas que culminó con el secuestro del jefe de Estado venezolano y de su esposa, en un ataque sin precedentes y que fue rechazado a escala global por la ilegalidad cometida por dichas fuerzas especiales de bombardear al país, extraer al mandatario y llevarlo a Nueva York para someterlo a un juicio sin causales válidas.

Mientras Washington calificó el hecho como un “arresto” resultado de una investigación criminal internacional, el Gobierno venezolano, liderado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, hoy presidenta encargada, denunció el episodio como un “atentado, bombardeo y secuestro”, acusando a EEUU de violar la soberanía nacional y el derecho internacional.

Tras su secuestro, Maduro y Flores fueron trasladados a Nueva York y recluidos en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones severas: aislamiento, hacinamiento, restricciones de comunicación y problemas sanitarios. Desde entonces, ambos permanecen como detenidos preventivos en un entorno que ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos y abogados defensores.

Los cargos y la detención en Brooklyn

El proceso judicial contra Maduro y Flores se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), donde enfrentan los cargos de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión, y conspiración para poseer armas de guerra y artefactos destructivos. Cabe destacar que los originales cargos estaban asociados a que el presidente lideraba un supuesto grupo de narcotráfico denominado Cartel de los Soles y al no tener pruebas de ello, la fiscalía inmediatamente el 5 de enero, día de la primera audiciencia, retiró esa acusación. En esa primera comparecencia, ambos se declararon “no culpables” de todos los cargos.

La detención en el MDC Brooklyn, una de las cárceles más restrictivas de Estados Unidos, ha sido un punto de fricción entre la defensa y la fiscalía. El centro es conocido por su régimen de aislamiento y limitaciones en el acceso a servicios médicos y legales, lo que ha motivado quejas formales por parte de los abogados de la pareja venezolana.

La Ley de Juicio Rápido y la pausa procesal

En el marco de la Ley de Juicio Rápido (Speedy Trial Act), que exige que los juicios penales federales comiencen en un plazo máximo de 70 días tras la acusación formal, Maduro y Flores consintieron la exclusión de tiempo entre el 24 de abril y el 30 de junio. Ambas partes argumentaron ante el juez que “los fines de la justicia superan el interés público de un juicio expedito en esta etapa procesal”, justificando así la pausa para garantizar una defensa adecuada.

El juez Hellerstein aceptó detener el conteo de días del Speedy Trial Act hasta la nueva audiencia, lo que permite a la defensa trabajar sin la presión de los plazos legales inmediatos.

Licencia OFAC

En el marco de las medidas unilaterales y coercitivas de EEUU contra Venezuela, se impedía que el Estado nacional financiara el juicio a su presidente, solicitud hecha por sus abogados defensores.

Uno de los giros más relevantes del caso ocurrió a finales de abril, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU modificó su régimen de sanciones para permitir que el Gobierno venezolano financiara dicha defensa. La licencia específica autoriza el uso de fondos estatales venezolanos, siempre que no provengan de ventas de petróleo reguladas en EEUU y estén disponibles después del 5 de marzo de 2026 para cubrir los honorarios de los abogados en Nueva York.

La decisión de OFAC, aceptada por el juez Hellerstein, resolvió semanas de tensiones procesales en las que la defensa alegaba que las sanciones estadounidenses impedían el acceso a una defensa efectiva. Tras la aprobación, la defensa retiró su moción para desestimar la acusación por este motivo, aunque el juez dejó abierta la posibilidad de que pueda presentarse una moción similar en el futuro.

Barry J. Pollack

El abogado principal de Nicolás Maduro es Barry J. Pollack, un reconocido penalista estadounidense con más de 30 años de experiencia en litigios federales complejos. Pollack es conocido internacionalmente por haber defendido a Julian Assange en el caso WikiLeaks y por su liderazgo en la Asociación Nacional de Abogados Penales Defensores. En este proceso, Pollack ha encabezado la estrategia legal, incluyendo la solicitud formal a OFAC para habilitar los pagos desde Venezuela y la coordinación de la defensa junto a Mark Donnelly, abogado de Cilia Flores.

La defensa argumenta que, sin acceso a fondos estatales, Maduro y Flores no podrían costear una representación legal adecuada ante un caso de tal magnitud y repercusión internacional.

Geopolítica: soberanía, sanciones y debate internacional

El caso Maduro-Flores ha reavivado el debate global sobre la violación al derecho internacional y a la soberanía del país, el uso ilegal de la fuerza militar y el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Tras la operación del 3 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que EEUU estaba “a cargo” de Venezuela y dejó claro lo que reiteradamente denunciaba el Ejecutivo Nacional: el expreso interés de EEUU de apoderarse del petróleo venezolano y sus otros recursos energéticos.

ISAÍAS OVALLES / CIUDAD CCS