24/04/26.- La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, impulsada desde el Ejecutivo nacional por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, benefició a 8.616 personas como balance final del ciclo de esta normativa.

Delcy Rodríguez dio a conocer los detalles del impacto final de la ley, en el corto período en el que cumplió con los fines para los que fue creada: Considerar casos de personas que anteriormente estaban sujetas a procesos judiciales por motivos políticos o manifestaciones públicas.

Según datos de la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Nacional, del total de solicitudes válidas recibidas, que fueron 12.187, un grupo de 314 personas se encontraban en centros de reclusión, mientras que 8.302 estaban bajo regímenes de medidas cautelares o presentaciones periódicas ante tribunales.

Rodríguez comparó la eficiencia del proceso venezolano, con legislaciones similares en Europa, afirmando que el modelo local fue más expedito, al ejecutarse en un período aproximado de dos meses, desde su promulgación el 19 de febrero de 2026.

La implementación de la norma, que constaba de 16 artículos, abarcó hechos ocurridos entre el 1° de enero de 1999 y febrero de 2026, incluyendo eventos como la violencia callejera de 2017, 2019 y las agresiones fascistas postelectorales de julio de 2024.

No obstante, la ley mantuvo exclusiones estrictas para delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y rebeliones militares específicas.

"Para aquellos casos que estaban excluidos expresamente en la Ley de Amnistía, hay otros espacios donde se pueden canalizar. Hemos dicho que en el Programa de Convivencia Democrática y Paz, hay un espacio para el abordaje de casos relacionados con la justicia", precisó Rodríguez.

El balance de la mandataria encargada llegó en el marco de la instalación de la comisión para la gran consulta nacional sobre la reforma de la justicia penal, otro paso que añade un elemento más para crear el mejor clima de convivencia, paz y reconciliación de todos los factores que hacen vida en el país.

Con esta nueva reforma planteada, el gobierno venezolano entra en una etapa de reforma integral de la justicia penal que operará bajo canales institucionales permanentes.

CIUDAD CCS