22/04/26.- El anuncio del restablecimiento de relaciones de la República Bolivariana de Venezuela con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha desatado una intensa campaña con la cual se busca debilitar al Gobierno bolivariano, en concreto la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y dividir a las fuerzas revolucionarias. Es una campaña articulada no solo sobre mentiras y medias verdades, sino sobre el olvido interesado de la relación histórica del FMI con Venezuela, especialmente durante el chavismo.

Lo primero que se debe decir es precisamente que la relación entre el FMI y la República Bolivariana de Venezuela no se puede reducir a un episodio técnico de política macroeconómica, como ha sido en otros países y durante el período puntofijista de nuestra historia reciente.

El examen de esta relación a lo largo de los gobiernos primero del Comandante Hugo Chávez, luego del presidente Nicolás Maduro y más recientemente bajo la Presidencia encargada de Delcy Rodríguez pone de manifiesto que se trata de dos proyectos enfrentados. Por un lado, hablamos de una arquitectura financiera surgida a partir de los Acuerdos de Bretton Woods, sostenida sobre lógicas que apuntan al establecimiento de condiciones estructurales, políticas neoliberales y jerarquías monetarias centradas en el dólar. Por el otro lado, hablamos de un modelo de integración soberana que, desde la Revolución Bolivariana, ha priorizado la planificación endógena, la cooperación Sur-Sur y la descolonización de las instituciones económicas globales.

En el marco de la campaña que hemos mencionado, se ha querido presentar el restablecimiento de relaciones con el FMI como una rendición o claudicación del Gobierno bolivariano y su sometimiento a las condiciones que tradicionalmente ha impuesto el organismo económico a los países con los que acuerda mecanismos de préstamos y programas de financiamiento.

Ha sido más bien al contrario. Tal como han manifestado en diferentes oportunidades y espacios tanto la presidenta encargada como el vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega, la decisión del FMI representa el fracaso del bloqueo financiero al cual han querido someter a Venezuela frente a la Diplomacia Bolivariana de Paz.

La reapertura del diálogo con el FMI no refleja el retorno de Venezuela al paradigma de Washington, sino la crisis de la hegemonía financiera unipolar. Hay que recordar que esta decisión se produce en el marco del crecimiento sostenido de la economía venezolana durante veinte trimestres consecutivos, a pesar de la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras expresiones del bloqueo financiero.

Estamos hablando, por lo tanto, de la consolidación de un nuevo mapa de correlaciones. Venezuela ha contribuido a romper el monopolio que durante décadas han mantenido las instituciones de Bretton Woods.

El FMI en la era Chávez y ruptura programática

Cuando el Comandante Hugo Chávez asumió la Presidencia, en 1999, Venezuela cargaba con décadas de subordinación a los programas de ajuste estructural del FMI y del Banco Mundial (BM). La herencia del llamado Consenso de Washington se materializaba en privatizaciones aceleradas, desregulación financiera y laboral, contracción del gasto social y dependencia de los mercados de capitales externos. El Gobierno bolivariano inauguró, desde sus primeros meses, una estrategia de desvinculación progresiva de dicha matriz. El hito más simbólico y operativo se produjo en abril de 2007, cuando Rodrigo Cabezas, entonces Ministro de Finanzas, anunció el pago de 3.000 millones de dólares, con los cuales Venezuela liquidaba anticipadamente la totalidad de su deuda con el FMI y el BM, liberándose de las cláusulas de condicionalidad y recuperando la autonomía para diseñar políticas de inversión pública y de protección social.

Esta decisión no fue un acto aislado. Por el contrario, fue el corolario de una doctrina económica que entendía la soberanía como condición previa al desarrollo.

Chávez pagó la deuda, cuestionó la legitimidad política de los organismos que la administraban y denunció su carácter selectivo, asimétrico y funcional a los intereses de los capitales transnacionales. Inmediatamente después de cancelar la deuda, el Comandante Chávez anunció la salida de Venezuela del FMI y el BM. Aunque Chávez entendía y sostenía que Venezuela necesitaba soberanía económica, los trámites administrativos para formalizar esta salida, tal como le había ordenado a sus ministros, no llegaron a completarse y Venezuela continuó siendo miembro de ambas instituciones, como venía siendo desde 1946.

Al mismo tiempo, el Gobierno bolivariano impulsó el desarrollo de otras iniciativas y la construcción de otros mecanismos: el ALBA-TCP como espacio de intercambio no mercantil, el Banco del Sur para dotar a la América Latina de un organismo regional de financiamiento que no estableciera condiciones de ningún tipo, fundamentalmente ideológicas, el sistema unitario de compensación regional (Sucre) para reducir la dependencia del dólar en el comercio intrarregional, y la promoción de mecanismos de integración productiva que priorizaban la seguridad alimentaria, energética y tecnológica.

Estas iniciativas y mecanismos, que enfrentaron diversas limitaciones que condicionaron su desigual desarrollo, configuraron lo que podríamos denominar un laboratorio de soberanía financiera que anticipó las crisis de legitimidad que ha atravesado el FMI. El chavismo demostró que la autonomía monetaria era una decisión política basada en la movilización de recursos internos, la nacionalización de sectores estratégicos y la reorientación del Estado hacia funciones de planificación y redistribución.

La guerra económica, el bloqueo y la ruptura institucional en la era Maduro

El fallecimiento del Comandante Chávez, en 2013, obligó a la celebración de elecciones que llevaron a la Presidencia a Nicolás Maduro. Ciertos actores, tanto internos como extranjeros, interpretaron esto como un momento de debilidad del Gobierno bolivariano y pusieron en marcha una estrategia de reconfiguración del entorno internacional que pretendía el aislamiento y el bloqueo económico de Venezuela, con el objetivo de producir un cambio de gobierno (regime change), proceso sin precedentes en la historia de nuestro país.

A partir de entonces, en un contexto de caída de los precios del petróleo, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y algunos países latinoamericanos pusieron en marcha un conjunto de medidas coercitivas unilaterales, especialmente sobre el sector financiero, que incluían la declaración de Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” para los Estados Unidos, el congelamiento de activos de Venezuela en el exterior, el bloqueo de transacciones bancarias y presiones sobre entidades multilaterales para aislar a Venezuela del sistema financiero global.

También se impusieron las llamadas sanciones individuales, medidas contra funcionarios, familiares y aliados del Gobierno, mediante las cuales se congelaron activos, se restringió el otorgamiento de visas y se prohibió la realización de transacciones financieras como medidas pretendidamente diseñadas para presionar a la dirigencia sin afectar a la población.

El FMI se sumó a esta estrategia de aislamiento de Venezuela y de su Gobierno legítimo. En 2019, ante la crisis de reconocimiento diplomático que generó la autojuramentación de Juan Guaidó, la institución reconoció temporalmente a los representantes designados por la oposición, suspendió la participación efectiva del Gobierno constitucional en sus estructuras y paralizó cualquier canal de diálogo técnico.

El 15 de marzo de 2020, cuando apenas habían transcurrido cuatro días desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el covid-19 como una pandemia, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro solicitó formalmente al FMI un financiamiento de 5.000 millones de dólares del fondo de emergencia del Instrumento de Financiamiento Rápido, destinado a fortalecer la respuesta sanitaria ante la pandemia.

La historia es conocida, pero es bueno recordarla: con recursos propios, una política de salud valiente e inteligente (estricto confinamiento temprano, suspensión de actividades y vuelos, y uso obligatorio de mascarillas), y con el apoyo de aliados como Cuba y Rusia, el Gobierno de Nicolás Maduro hizo frente exitosamente a la pandemia, con los mejores resultados en términos de contagios y víctimas mortales no solo comparados con la región, sino a escala global.

El FMI, por su parte, se negó a procesar la solicitud, argumentando falta de claridad con respecto al reconocimiento internacional y la legitimidad del Gobierno del presidente Maduro. Claramente, esta decisión no respondía a criterios económicos, sino a una lógica de presión institucional que buscaba profundizar el aislamiento y legitimar intervenciones externas sobre el país.

El Observatorio Venezolano Antibloqueo (https://observatorio.gob.ve) ha documentado ampliamente cómo operó este cerco financiero, instrumento de guerra económica no convencional, y los devastadores efectos sobre la capacidad productiva, el acceso a divisas, la cadena de suministros médicos y alimentarios, y la estabilidad monetaria de Venezuela.

La respuesta no se limitó a la resistencia pasiva. Se desplegó una estrategia de diversificación de alianzas, promoción de mecanismos de pago en monedas locales, fortalecimiento de la cooperación con países no alineados, exploración de activos digitales soberanos y reactivación de canales comerciales con los países de los Brics, la Celac y el Movimiento de Países no Alineados.

La economía venezolana, bajo estas condiciones de bloqueo económico y financiero, demostró una capacidad de resistencia que desmontó los pronósticos de colapso total que se anunciaban con cada medida contra el país, y obligó a los centros de poder a reconsiderar la eficacia del aislamiento. La ruptura con el FMI, lejos de debilitar la posición negociadora de Venezuela, puso de manifiesto la dependencia de los propios organismos multilaterales para validar sus mandatos técnicos. La ausencia de Venezuela en sus mesas de trabajo no consiguió el éxito esperado. Por el contrario, no eran más que la expresión de una arquitectura que privilegiaba la coerción sobre el diálogo de iguales.

Diplomacia Bolivariana de Paz

Los analistas que practican la estrategia del "olvido interesado", por supuesto, esconden que Delcy Rodríguez ocupa la Presidencia de la República en calidad de encargada por mandato de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y en virtud de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, muro contra el que se estrellan todos los intentos de desestabilización que se han puesto en práctica. Antes de ocupar la Presidencia encargada, Delcy Rodríguez ejerció posiciones al frente de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Finanzas, desde donde ha podido desarrollar funciones estratégicas de articulación de la política exterior y la política económica del país.

Su liderazgo ha sido determinante en la transición de una etapa de confrontación abierta hacia una diplomacia de reconstrucción institucional, negociación pragmática y reposicionamiento multilateral. La presidenta encargada ha encabezado iniciativas para normalizar relaciones bilaterales, impulsar mesas de diálogo sobre medidas coercitivas unilaterales, recuperar activos congelados en jurisdicciones internacionales (Portugal, Reino Unido) y posicionar a Venezuela en foros como la ONU, la Celac y los Brics, en condición de interlocutor válido y soberano.

Desde el primer momento, la presidenta Delcy Rodríguez ha hablado al país de paciencia y prudencia estratégica. Es lo que caracteriza su gestión: la defensa irrestricta e irrenunciable de la autodeterminación, la soberanía energética y la planificación por parte del Estado, incorporado una narrativa y una práctica diplomática que permite tender puentes con actores institucionales sin subordinarse a sus condiciones.

Este enfoque ha priorizado la despolitización de los canales técnicos, la transparencia en el manejo de reservas y la búsqueda de marcos de cooperación que reconozcan la realidad económica venezolana ,sin imponer recetas ajenas a nuestra estructura productiva. Esta línea de acción ha sido fundamental para crear las condiciones que hoy permiten el restablecimiento del diálogo con el FMI, no como un acto de sumisión, sino como un ejercicio de la Diplomacia Bolivariana de Paz, que ha obligado a los organismos internacionales a tratar a Venezuela desde el respeto a su institucionalidad constitucional y a su trayectoria de resistencia frente al bloqueo.

El restablecimiento de relaciones y desbloqueo de fondos

Como es sabido, recientemente, el FMI anunció formalmente el restablecimiento de relaciones institucionales con Venezuela, incluyendo el envío de misiones técnicas de evaluación, la reactivación de canales de comunicación con el Banco Central de Venezuela y la habilitación de mecanismos de desbloqueo progresivo de recursos congelados en circuitos internacionales. Al mismo tiempo, el organismo ha declarado que se ha abierto un espacio de diálogo sobre la reestructuración de pasivos externos, la modernización de sistemas estadísticos y cooperación en materia de estabilidad cambiaria y sostenibilidad fiscal.

Estos anuncios han servido para que en determinados círculos mediáticos se hable de "retorno a la normalidad financiera" o de "apertura al consenso de mercado", y se interpreten como una claudicación de Venezuela frente a Bretton Woods.

Es conveniente recordar, como se ha mencionado más arriba, que el restablecimiento de relaciones no es una concesión unilateral por parte del FMI, sino el reconocimiento tácito del fracaso de su estrategia de aislamiento y presión económica para generar un cambio de gobierno. Venezuela ha demostrado una extraordinaria capacidad de gestión macroeconómica bajo condiciones adversas, soportando el peso de más de mil medidas coercitivas unilaterales y un bloqueo que significó la  pérdida de casi el 99% de los ingresos del país.

Venezuela ha mantenido el control de sus reservas estratégicas, ha diversificado sus mercados de exportación y ha consolidado alianzas con economías emergentes que ofrecen alternativas al dólar y a los circuitos financieros tradicionales. El desbloqueo de los fondos para su uso por parte del Gobierno de Venezuela no constituye un "rescate" en el sentido clásico del término, sino una reparación parcial de los efectos colaterales de medidas coercitivas unilaterales, que han sido calificadas como violatorias del derecho internacional y de los derechos económicos y sociales de la población por Alena Douhan, relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos.

El FMI no hace más que reconocer que sin la participación de Venezuela, sus informes carecen de legitimidad regional, que los mercados no pueden operar con estabilidad mientras persistan asimetrías de acceso, y que la gobernanza financiera global requiere inclusión, no la exclusión selectiva que la ha caracterizado hasta ahora, especialmente en el caso de Venezuela.

La historia de la región demuestra que los programas del FMI han tendido a priorizar el equilibrio fiscal sobre el desarrollo productivo, la liberalización cambiaria sobre la soberanía monetaria y la inversión extranjera sobre la protección del empleo y los servicios públicos. En esta nueva etapa que se ha abierto, Venezuela aborda el diálogo con el FMI sin ningún tipo de complejos, desde una posición de fuerza negociadora, estableciendo límites claros a las condiciones que algunos analistas ya comienzan a señalar como propias de los programas del FMI, priorizando la reactivación del aparato productivo nacional, la diversificación de la matriz exportadora y la protección del gasto social.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el vicepresidente sectorial, Calixto Ortega, han sido claros al señalar que no está previsto ningún programa de financiamiento o mecanismo de préstamos. Ambas autoridades han insistido en que los recursos desbloqueados (los derechos especiales de giro) ,a los cuales ahora tiene acceso Venezuela, serán usados para inversión pública, infraestructura crítica (sistema eléctrico, agua y hospitales), transferencia tecnológica y fortalecimiento de la capacidad estadística soberana, evitando la reproducción de dinámicas de dependencia financiera.

A modo de conclusión

El restablecimiento de relaciones con el FMI y la consecuente reapertura de los canales de comunicación con el organismo financiero se deben entender en el contexto de un proceso mayor de reconfiguración del orden económico internacional del que Venezuela forma parte. El sistema multicéntrico y pluripolar al que se refirió Chávez es una realidad tangible: la expansión de los Brics+, la creación de mecanismos de compensación en monedas locales, la desdolarización progresiva del comercio energético y la consolidación de bancos de desarrollo regional están fracturando el monopolio de las instituciones de Bretton Woods.

Estas, por su parte, intentan adaptarse a un mundo en el que la coerción unilateral ya no garantiza resultados, la legitimidad técnica depende de la representatividad política y los Estados del Sur exigen trato de iguales.

Para Venezuela, este momento histórico plantea tres desafíos estratégicos. Primero, garantizar que la cooperación técnica no se traduzca en el establecimiento de condiciones encubiertas que desmantelen los avances en materia de soberanía alimentaria, energética y tecnológica. Segundo, fortalecer la institucionalidad nacional para que el manejo de recursos desbloqueados se realice con transparencia, eficiencia y rendición de cuentas ante el pueblo venezolano, consolidando la confianza interna y externa. Tercero, profundizar la cooperación Sur-Sur y la integración regional como contrapeso estructural a la arquitectura financiera tradicional, asegurando que Venezuela no vuelva a quedar expuesta a ciclos de dependencia.

El restablecimiento de relaciones y el desbloqueo de fondos no marcan el fin de un conflicto entre los modelos sostenidos por la Revolución Bolivariana y el FMI, sino el inicio de una nueva fase de negociación donde la soberanía será el eje rector. Venezuela ha demostrado que es posible resistir al bloque financiero, mantener la gobernabilidad institucional y reposicionarse en el tablero multilateral sin renunciar a su proyecto de nación. El FMI, por su parte, enfrenta la disyuntiva histórica de transformar su mandato hacia un modelo de cooperación genuina o seguir anclado en lógicas de subordinación que la historia ya ha comenzado a superar.

La lección central es clara: la arquitectura financiera global solo será legítima cuando deje de ser un instrumento de presión geopolítica para convertirse en una plataforma de desarrollo compartido. Venezuela, con su trayectoria de resistencia y su vocación multilateralista, seguirá esforzándose por ser parte de esa transformación, no desde la sumisión y la entrega, sino desde la firmeza soberana, la claridad estratégica y la convicción de que otro sistema económico es posible y también necesario.

El restablecimiento de las relaciones y el desbloqueo de fondos no es una concesión del FMI, es el reconocimiento tardío de una realidad que la Revolución Bolivariana ha sostenido durante más de dos décadas: que la verdadera estabilidad financiera nace de la justicia, la equidad y el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

(Artículo exclusivo para la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, de Domingo Medina Gutiérrez (REDH Venezuela) / Presidente del Centro Internacional Miranda)

FUENTE: Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad 

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