22/04/2026.- De primer momento, el retorno de relaciones de Venezuela con el Fondo Monetario Internacional dio como resultado una percepción de amenaza que no fue explicada pertinentemente por la información del Estado venezolano y, dada la guerra cognitiva, la paranoia se desató. Fue la misma comunidad de inteligencia social la que deletreó que no se trataba del mismo escenario que este ente del averno capitalista provocó en 1989. Gracias a las explicaciones de la profesora y economista Judith Valencia, fue posible entender el fondo del asunto.

Mercedes Chacín, periodista y militante de las ideas revolucionarias, generó un debate que permitió, diálogo mediante, entenderlo con mayor detalle y no que se trata de un "amarre" impagable al Banco Mundial y al FMI.

Expliquemos un poco más: el FMI aplica programas de asistencia financiera para resolver problemas de balanza de pagos o estabilizar economías, según sus eufemismos. A cambio del acceso a préstamos, los gobiernos se comprometen a implementar reformas estructurales y medidas de estabilidad macroeconómica supervisadas por el organismo. Este no es el caso.

No soy economista ni nada de eso, pero la razón del FMI, como operario de las finanzas de la Reserva Federal, es expoliar países, a los que compromete con deudas impagables y medidas antisociales. El Gobierno Bolivariano no va en esa dirección; al contrario, intenta aplicar inteligencia estratégica. Con salvedad, la presidenta Delcy Rodríguez ha dicho que no habrá compromisos contractuales en términos de deudas.

La paciencia estratégica es el poder de esperar el momento preciso para actuar con máxima eficacia, como lo dijo Sun Tzu. Ahora estamos ante la necesidad de cumplir con un mandato ético, legado del Libertador: "La máxima seguridad social para la máxima estabilidad política".

En la historia de Venezuela, la de finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, las casas comerciales y entidades financieras de agentes nativos, castas familiares o migrantes europeos depredaron los tributos aduaneros primero y luego se pegaban como rémoras a la renta petrolera, subordinándose a los grandes emporios mercantiles, industriales y financieros estadounidenses.

Tómese el ejemplo de la Electricidad de Caracas, una empresa fundada por Ricardo Zuloaga Tovar, heredada por su hijo Ricardo Zuloaga Pérez Matos (sobrino de Manuel Antonio Matos) y finalmente dirigida por Oscar Machado Zuloaga (tío de María Corina Machado). Durante casi un siglo monopolizaron el negocio del servicio eléctrico nacional, boicotearon el proyecto hidroeléctrico Guri y, por último, cuando ya no les quedaba otro recurso que aceptarlo, lo baipasearon en los lobis del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

Ese crédito para el proyecto Guri lo asumió el país con Rómulo Betancourt de presidente, con la condición propuesta por el FMI de incluir en el proyecto a la Electricidad de Caracas como socio privado. El Banco Mundial obligó a la inserción de la EDC en la comisión para los estudios y ejecución de la unificación de la frecuencia en el centro de Venezuela a sesenta ciclos y la interconexión de los sistemas y fuentes de energía eléctrica, en Gaceta Oficial N.° 27.114 emitida el 16 de abril de 1963. Ni merece la pena contar cuántas décadas tardó la república en pagar esa deuda mediante préstamos exorbitantes.

Así, la Electricidad de Caracas (valga decir los Machado Zuoloaga) se hizo con la facturación por servicios de energía eléctrica en Caracas y otras ciudades del país, quedándose con un "lomito" de riquezas que sus herederos hoy extrañan. Nunca pagaron lo correspondiente a tributos y se la pasaban quejándose por pérdidas, cuando eran la empresa que más cotizaba acciones en la Bolsa de Valores de Caracas. El Gobierno Bolivariano finalmente asumió el control de ese sector estratégico a partir de 2007.

El anuncio de la presidenta Delcy Rodríguez permitió despejar dudas sobre el insolente reconocimiento que hizo el FMI sobre Juan Guaidó y el fantasma de su gobierno interino para ahora desbloquear 4 mil 900 millones de dólares para Venezuela y la confianza en el legítimo gobierno de la República.

Así lo describió la profesora Judith Valencia:

En agosto de 2021, en plena pandemia, el FMI asignó a Venezuela 3 mil 568 millones de derechos especiales de giro (DEG), equivalentes en ese momento a unos 5 mil 100 millones de dólares. Esa plata ya era de Venezuela, pero estaba congelada por las sanciones y la falta de relaciones diplomáticas. Lo que Delcy logró no fue un préstamo, sino el desbloqueo de un activo de reserva que le pertenece al país. No hay que pagarlo. No genera intereses. No viene con condiciones de ajuste estructural. Es simplemente un fondo que Venezuela puede usar como quiera.

Gracias, querida profesora.

Aldemaro Barrios Romero