01/04/2026.- Esta semana se cumplieron 172 años de la abolición de la esclavitud decretada por el presidente José Gregorio Monagas. El precedente marcó hasta el presente el estatus de los pobres y el de los ricos. El Gobierno indemnizó a los antiguos amos en vez de indemnizar a los esclavos que los enriquecieron o, en todo caso, a ambos. Vale decir que el Estado, a través de la incomprendida letra de la Constitución, premió casi un siglo de latigazos y trabajos forzados de los conquistadores españoles. Dos siglos después, en 1943, el presidente Isaías Medina decretó que, al vencimiento de las concesiones, las multinacionales estaban obligadas a entregar sus bienes materiales sin costo alguno para el Estado, pero en 1973 el presidente Carlos Andrés Pérez anticipó el fin de las concesiones y le regaló a las multinacionales 5.000 millones de dólares por explotar el petróleo durante más de 50 años.

Durante los últimos 120 años, los liderazgos presidenciales formaron generaciones políticas que —por complicidad o impotencia— no han evitado que la ley se imponga sobre la justicia. La historia pasada y reciente demuestra cotidianamente que la ley contradice abiertamente el concepto de Montesquieu: “La verdadera justicia consiste en la seguridad personal que siente el ciudadano al amparo de las leyes”. El pensador francés atribuía esta contradicción a la tendencia, hasta ahora irreversible, del Estado tradicional a controlar los poderes públicos en vez de otorgarles autonomía, como lo demuestra nuestra historia en tiempos dictatoriales y democráticos.

Estas consideraciones son necesarias para entender cómo ha cambiado la mentalidad de los políticos en contra o a favor de los gobiernos en Venezuela y el mundo. Cuando se está en el poder, es fácil presionar o sobornar a funcionarios para que confiesen su autoría voluntaria en crímenes ordenados por el Estado. No es necesario recordar algunos países donde esta práctica es rutinaria, a cambio de un indulto, una sentencia leve o una compensación económica. En ese contexto admiro la disculpa pública —como debería ser siempre cuando el daño es público— ofrecida por el ministro Ernesto Villegas a los familiares de las víctimas del hecho lamentable en el cual participó. Para algunos es una demostración de incapacidad, para otros una confesión inútil que, además, daña su prestigio político. Para mí es un gesto de sinceridad que debería aleccionar a los funcionarios timoratos que valoran al Estado por encima de su propia dignidad —que son bastantes, por cierto—. Alguien tenía que dar el primer paso.

Raúl Pineda