25/03/26.-Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han encendido las alarmas ante lo que describen como un plan sistemático del Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, para debilitar las políticas de memoria, verdad y justicia.

A través de drásticos recortes presupuestarios y despidos de personal especializado, la administración actual pone en riesgo el mantenimiento de sitios de memoria y la continuidad de juicios por delitos de lesa humanidad.

La política de ajuste fiscal, denominada por el Ejecutivo como el plan de "emisión cero", ha golpeado severamente a las instituciones encargadas de preservar el registro histórico de la última dictadura militar (1976-1983). Entre los efectos más críticos se reporta que el antiguo centro clandestino de detención conocido como la ESMA, hoy Patrimonio Mundial declarado por la Unesco, enfrenta dificultades operativas tras el recorte de fondos destinados a su conservación y personal técnico.

Asimismo, más de un centenar de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos han sido desvinculados, afectando directamente a los equipos que asisten a la justicia en la identificación de restos y búsqueda de nietos apropiados.

De igual modo, se ha reportado la paralización de programas de digitalización de archivos de inteligencia que son fundamentales para las causas judiciales vigentes.

CIUDAD CCS