26/02/2026.- El proceso de contención de la presencia económica de China en América Latina y el Caribe ya está en marcha en diferentes escenarios abiertamente, y de manera más sutil en otras ocasiones. Además de la franca declaración de rechazo a las empresas chinas en Venezuela tras la incursión armada en ese país el 3 de enero, otras manifestaciones marcan una tendencia que se expresa en las áreas comerciales, de inversión, tecnología y seguridad. Si bien China tiene capacidad y le preocupa defender sus intereses en estos espacios, la confrontación también se revela en el área geopolítica en la que Beijing no tiene la mínima aspiración de confrontar a Washington. Retomando el viejo adagio, habría que decir que a China no le interesa tener amigos; su anhelo es tener buenos socios con los que hacer —valga la redundancia— buenos negocios.

El enfoque de China sigue siendo equivocado y tiene que ver con su incomprensión del problema, toda vez que lo aborda en exclusiva desde la perspectiva comercial, económica y financiera, magnificando de esa manera el peso que pudiera tener su poderío económico en la región, por una parte, y el grado de arraigo que su presencia significa en las economías locales, por otra.

Los análisis de académicos chinos son casi estrictamente cuantitativos; no les interesa medir el gran impacto cualitativo y subjetivo que su enorme presencia económica produce en la región. Lo cierto es que, en gran medida, los pueblos no perciben esa disposición china, porque la misma está circunscrita casi solo a hacer negocios con empresarios y empresas que no producen beneficios para los ciudadanos.

Los estudios realizados en China sobre sus lazos con la región se ajustan a análisis cuantitativos de flujos comerciales, inversiones a largo plazo, vínculos financieros, proyectos de infraestructura, cadenas de suministro globales y otros que en efecto producen un crecimiento económico, el cual es básicamente usufrutuado por una minoría de la población.

Como siempre, todo análisis realizado en China apabulla con cifras: que si en 2024 el comercio bilateral de China con América Latina superó los 500 mil millones de dólares por primera vez, unas 35 veces el nivel de 2001, y que se espera que el comercio en 2025 vuelva a superar esa marca, lo que pondría de relieve la creciente profundidad del compromiso económico de China en la región.

O que si en Sudamérica, China ya ha superado a Estados Unidos como principal socio económico en países clave como Chile, Perú y Uruguay.

Que Brasil envía alrededor del 28% de sus exportaciones a China, en comparación con aproximadamente el 13% a Estados Unidos.

Que si los patrones de inversión muestran un cambio similar, toda vez que el volumen acumulado de inversión de China en América Latina, estimado en unos 650 mil millones de dólares, se está acercando al total estadounidense, de cerca de un billón de dólares.

Bien, ¿y de qué sirve? Si los empresarios chinos se comportan igual que los estadounidenses y son del mismo modo odiados y despreciados, la pregunta es: ¿para qué vamos a salir de Estados Unidos si va a ser lo mismo en las manos de China? Es verdad que el gobierno chino y el propio presidente Xi Jinping están haciendo enormes esfuerzos por cambiar esta percepción, desarrollando políticas más acordes con los principios filosóficos y políticos del país, pero ello está lejos de manifestarse en la vida de los pueblos. Beijing supone que los esfuerzos de Estados Unidos por bloquear a China contarán con la resistencia de gobiernos y sociedades latinoamericanas, motivados por la dependencia de esos proyectos para obtener empleo, ingresos fiscales y mejoras de infraestructura… y puede que así sea, pero entonces, ¿en qué se diferencian de Estados Unidos?

Están equivocados. La resistencia solo vendrá dada —tal como ha sido hasta ahora— por la magnitud que tengan las presiones, los chantajes y las amenazas de Washington y las implicaciones que ello significa en los márgenes de ganancia y lucro de los empresarios. Cuando esto ocurre, los gobiernos latinoamericanos concurren apresuradamente a Washington, a fin de explicarle la situación para que tenga una "razonable flexibilidad" y les dé autorización para negociar con China. Eso es lo real; lo demás son quimeras.

En fechas recientes, sobre todo desde la llegada de Donald Trump por segunda vez a la presidencia de Estados Unidos, estas dinámicas han cobrado un auge inusual. En ese marco se puede explicar el rechazo del presidente José Raúl Mulino de Panamá al pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del gobierno chino por razón del fallo de la Corte Suprema de Justicia panameña sobre el contrato que la empresa portuaria china CK Hutchison Holdings tenía para administrar dos puertos en el canal. Mulino manifestó que Panamá era un Estado de derecho y que se debían respetar las decisiones de la justicia. El gobierno chino había impugnado la sentencia que anuló el contrato.

En otra latitud, la forma como se hizo la acusación y posterior destitución fulminante del expresidente interino de Perú, José Jerí, por supuestos vínculos "semiclandestinos" con empresarios de ascendencia china, creó cuando menos sospechas fundadas sobre la suerte que corrió el exmandatario. Durante varias semanas previas a la acción de destitución legislativa, la Embajada estadounidense en Perú estuvo haciendo comentarios que solo se pueden tildar de impropios e inusuales en el ámbito de la diplomacia y de injerencia sobre un asunto interno ajeno al rol de la representación estadounidense en Lima.

Estas acciones estaban enviando un mensaje claro para minar la credibilidad de empresarios chinos en Perú, lo cual no se puede descartar porque es público el objetivo estadounidense de detener el avance chino en la región, incluso desde la época en que la generala Laura Richardson, como jefa del Comando Sur bajo el gobierno de Joe Biden, campeaba a sus anchas, dando órdenes e impartiendo instrucciones a presidentes y autoridades locales.

Es sabido que Perú juega hoy un rol estratégico en la región suramericana a través del megapuerto de aguas profundas de Chancay y otras importantes infraestructuras. Revertir o reducir las inversiones chinas en Perú podría tener grandes implicaciones en los planes futuros de China y su iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda.

Intentando lanzar una señal hacia Estados Unidos, que presionó en este sentido, e intentando salvarse de la destitución, el entonces presidente del Consejo de Ministros de Perú, Ernesto Álvarez, calificó de "inaceptable" que el estatal Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) no pudiera supervisar el puerto de Chancay, después de que el Poder Judicial ordenara a este organismo regulador abstenerse de inspeccionar esta infraestructura controlada por la empresa china Cosco Shipping Lines.

Álvarez dijo que le preocupaba que, siendo Chancay un puerto sumamente importante para el Perú y para todo el comercio en el Pacífico, pudiera haber algún aspecto de la actividad o una parte, ya fuera del mar o del territorio mismo de las instalaciones portuarias, que no pudiera ser materia de supervisión por el órgano regulador. En este sentido, dijo que el gobierno apelaría el fallo y, si no conseguía una respuesta favorable, analizaría la presentación de un recurso ante el tribunal constitucional.

En otra acción que se inscribe en esta ofensiva antichina de Estados Unidos en los últimos días, Washington, a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, informó en persona acerca de la revocación de las visas a tres funcionarios del gobierno de Chile: el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Cristian Araya, y el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Guillermo Petersen. Estados Unidos señaló que revocó los visados por "comprometer infraestructura crítica de las telecomunicaciones y socavar la seguridad regional en el hemisferio", en relación con el proyecto de un cable de fibra óptica que conecta Valparaíso con Hong Kong.

Esta medida se inscribe claramente en el tipo de chantaje político que acostumbra a realizar Estados Unidos para contrarrestar la influencia de China en América Latina. Es una nueva medida arbitraria de su parte contra un gobierno latinoamericano que le ha sido sumiso, dócil y obediente. Lo más vergonzoso —que caracteriza el carácter perruno del actual gobierno chileno— ha sido la respuesta del propio ministro de Transportes y Telecomunicaciones, quien indicó que se mostraba "dolido" con la decisión, ya que tiene un "lazo" especial con Estados Unidos, tanto familiar como académico.

En otro ámbito, en el Caribe, el embajador de Estados Unidos en las Bahamas, Herschel Walker, argumentó que los términos de la financiación china de 195 millones de dólares para el segundo hospital de New Providence no son "lo mejor" para "los intereses” de esta nación y prometió que la administración Trump "ayudaría a asegurar un mejor acuerdo".

En una declaración oficial en respuesta a las revelaciones de un periódico de Bahamas en torno a que la ley y la jurisdicción chinas regirán el préstamo del Banco de Exportación e Importación de China, que cubre el 72,8% o casi tres cuartas partes de las necesidades de financiamiento de 278 millones de dólares del hospital, argumentó que a las Bahamas le iría mejor si consiguiera "opciones de financiamiento que se adhieran a las normas internacionales".

Al sugerir que el gobierno debería reconsiderar el acuerdo, Walker dijo: "No parece ser lo mejor para los intereses de las Bahamas someterse a la ley y los estándares laborales chinos en su propio territorio". Consideró que era mejor tomar en cuenta otras opciones de financiamiento que se ajustaran a las normas internacionales, para lo cual el presidente Trump iba a imponer acuerdos justos que beneficiaran a ambas naciones, comprometiéndose a ser el socio económico y de seguridad predilecto.

El acuerdo del hospital de New Providence y sus condiciones de financiamiento amenazan con ser el primer punto de conflicto entre la administración Trump y el gobierno bahameño durante el mandato de Walker. También amenaza con arrastrar a Bahamas a lo que la administración del primer ministro Philip Davis siempre ha buscado evitar: la batalla geopolítica entre Estados Unidos y China por el dominio económico y global.

La declaración de Walker también confirmó las revelaciones del servicio financiero Tribune Business de que China Railway Construction Corporation, el principal contratista del segundo hospital de New Providence, estaba entre un grupo de entidades chinas que atrajeron la atención de Donald Trump durante su primera administración, debido a sus orígenes históricos y vínculos con el ejército chino. Por esta razón, el gobierno de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva que prohíbe a los estadounidenses poseer acciones en estas empresas debido a dichos vínculos.

Esto es solo el inicio. La ofensiva de Estados Unidos contra China se irá incrementando, sobre todo por la decisión del secretario Marco Rubio de expulsar sus inversiones de la región. Para ello, no están escatimando usar el chantaje, la amenaza y hasta los ataques armados.

Según el profesor Wang Wen, decano y profesor del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China (RDCY), “… si Estados Unidos continúa su política de marginar los intereses chinos de la región mediante un enfoque gradual y fragmentado, es probable que China responda con una estrategia combinada de contraataque defensivo y escalada estratégica”. Esto incluiría

... la integración económica, el empoderamiento financiero, la reestructuración de las reglas, la coordinación diplomática y la gestión de riesgos, diseñada tanto para proteger las inversiones existentes como para ampliar nuevas áreas de cooperación, consolidando la comunidad de intereses económicos compartidos entre China y América Latina.

Es un buen comienzo, y en algunos aspectos podría ser considerado un cambio radical de la política china hacia la región, toda vez que expresaría una visión distinta que dejaría de lado la unilateralidad de la política en términos comerciales y económicos y se abocaría también a la "coordinación diplomática" por asuntos que vayan más allá del reconocimiento de la existencia de "una sola China", que parece ser el elemento diferenciador de la dicotomía amigo-enemigo en la doctrina de política exterior de China, que hasta ahora en realidad es socioenemigo. No obstante, hay que observar que toda esta propuesta solo persigue el objetivo de consolidar "la comunidad de intereses económicos compartidos entre China y América Latina"... pero algo es algo.

Por supuesto que China tiene un arsenal de instrumentos de acción que van mucho más allá del mero ejercicio de operaciones económicas y financieras que no se ha atrevido a usar en lo que aparenta ser un respeto a la condición de América Latina y el Caribe como patio trasero de Estados Unidos. Eso se puede deducir de las formas y el contenido de la actuación de China en cualquier otra región del planeta, mucho más proactiva, protagónica y acometedora.

Si China supone que esa actitud le va a granjear un mejor acercamiento con Estados Unidos, está totalmente equivocada, y si percibe que "enamorando" a los sectores empresariales y a los gobiernos de derecha, que los odian, van a abrirse paso en América Latina y el Caribe, se confirma que entienden poco o nada de lo que está ocurriendo en la región y de lo que significa la doctrina Monroe y el corolario Trump. Deben saber que no tienen ninguna posibilidad de jugar un papel en ese marco, salvo que asuman que tarde o temprano se tendrán que enfrentar con Washington. Como diría Hamlet: "That is the question".

Sergio Rodríguez Gelfenstein

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