22/02/26.- El Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional (AN) y refrendado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, busca dejar atrás más de dos décadas de violencia que marcaron la historia política de Venezuela.

El instrumento legal constituye un esfuerzo fundamental de conciliación nacional para superar la etapa de confrontación y avanzar hacia una verdadera convivencia democrática de reconciliación nacional que garantice la paz, y al mismo tiempo que garantice que los problemas se superen a través del diálogo político entre los actores de la vida democrática venezolana.

La Ley, que contó con el consenso de los parlamentarios del chavismo y de la oposición, "perdona delitos pero no personas". Además cuenta con exclusiones dejando fuera delitos de lesa humanidad, homicidios intencionales, crímenes de guerra y acciones contra la soberanía como invocar o promocionar invasiones extranjeras o la imposición de medidas coercitivas unilaterales hacia la nación.

En el contexto, la amnistía se justifica por la utilidad que puede tener para la sociedad, para que se deje en el olvido ciertos hechos. Además, tiene como efecto extinguir la acción pública, de manera que el beneficio es irrenunciable y produce efectos de pleno derecho, invalidando toda condena.

Asimismo, los sentenciados a penas corporales recobran su libertad; inclusive deben restituirse las multas y los gastos pagados al erario. De igual forma, la amnistía tiene como finalidad crear condiciones propicias para alcanzar acuerdos de paz o bien favorecer la reconciliación nacional.

La amnistía es, por tanto, un instrumento de gracia por el que las autoridades de un país “olvidan” o perdonan la perpetración de un delito, generalmente de orden político, mediante la promulgación de una ley. Esta medida se aplica siempre de forma colectiva, y en la práctica anula la responsabilidad legal de las personas o categorías de personas implicadas en la conducta criminal.

En ese orden de ideas, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ordenó a las instituciones pertinentes trabajar con celeridad para la ejecución inmediata de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática que será aplicada de manera expedita y efectiva en los próximos días.

Por ese motivo, después de apenas 24 horas de haber sido aprobada la Ley por el Parlamento, la Comisión Especial de la Asamblea Nacional se reunió en un encuentro de alto nivel con autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y representantes del Ministerio Público (MP), con el fin de que el instrumento se mantenga fiel durante su ejecución en los tribunales y fiscailías.

La Ley se aplicará de manera expedita

El objetivo inmediato de la recién promulgada Ley de Amnistía este jueves 19 de febrero de 2026 en la Gaceta Oficial Nº 6.990, es su aplicación sobre 13 hechos concretos establecidos en el Artículo 8 de la normativa. El instrumento concede amnistía general a los delitos cometidos en los siguientes contextos:

Golpe de Estado del 11 y 12 de abril de 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instituciones públicas y privadas; los relacionados con el paro petrolero y sabotaje empresarial de diciembre de 2002 a febrero de 2003; los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos de derechos humanos, incluyendo lo establecido en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

También los hechos relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar en mayo de 2007; las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos ocurridos entre julio y septiembre de 2009; las manifestaciones y hechos violentos acaecidos en ocasión de las elecciones presidenciales de abril de 2013 y la proclamación de sus resultados; las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos entre febrero y junio de 2014.

Asimismo sobre los hechos relacionados a actuaciones de la Asamblea Nacional instalada en el período 2016-2021 y el desconocimiento de las instituciones y autoridades públicas; las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos ocurridos durante marzo y agosto del 2017; los hechos que tuvieron lugar entre enero y abril del año 2019, salvo los constitutivos del delito de rebelión militar.

Igualmente sobre los hechos relacionados con la convocatoria y realización de los procesos internos para la selección de candidatos y candidatas presidenciales que tuvieron lugar en 2023; las manifestaciones y violencia en el marco de las elecciones presidenciales celebradas en julio de 2024; y las manifestaciones y violencia por motivos políticos en el marco de las elecciones regionales y para la Asamblea Nacional realizadas en 2025.

Así quedó escrita la normativa

Objeto

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto conceder una amnistía general y plena de los delitos o faltas cometidos y acaecidos en el marco de los hechos y el ámbito temporal que se indican en esta Ley, a los fines de promover la paz social y la convivencia democrática.

Finalidades

Artículo 2. Esta Ley tiene como finalidad:

Contribuir a la promoción de la paz, la convivencia democrática, la rectificación y la reconciliación nacional.

Generar las condiciones que favorezcan el desarrollo armónico de la vida nacional, la tranquilidad pública, la participación democrática y el pluralismo político.

Promover el uso de los mecanismos democráticos y constitucionales para dirimir las diferencias surgidas en el seno de la sociedad y así prevenir que los hechos objeto de la amnistía o similares vuelvan a repetirse.

Favorecer la reintegración a la actividad pública de las personas beneficiadas por esta Ley.

Principios

Artículo 3. Esta Ley se rige por los principios y valores de la vida, la libertad, la justicia, la paz, la celeridad, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Orden público e interés general

Artículo 4. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés general.

Principio de interpretación

Artículo 5. En caso de dudas en la interpretación o aplicación de esta Ley se adoptará aquella que más favorezca el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos, incluyendo lo establecido en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ámbito temporal

Artículo 6. La amnistía prevista en el artículo 1 comprende todas las acciones u omisiones que constituyan delitos o faltas, cometidos y acaecidos entre el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de esta Ley, en el marco de los hechos amnistiados.

Ámbito personal

Artículo 7. La amnistía objeto de esta Ley abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas, cometidos y acaecidos en el marco de los hechos objeto de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia de esta Ley.

Excepcionalmente, cuando la persona no se encuentre a derecho y permanezca fuera del territorio nacional podrá hacerse representar ante el tribunal competente, mediante poder otorgado a un abogado o abogada de su confianza y elección, sin que sea necesaria ninguna otra formalidad. Luego de presentada la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta Ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente a los fines del otorgamiento de la amnistía.

La amnistía solo abarcará a las personas que hayan cesado en la ejecución de los hechos constitutivos de delito o falta objeto de amnistía o cesen en su ejecución luego de la entrada en vigencia de esta Ley.

Hechos objeto de amnistía

Artículo 8. Se concede amnistía general a los delitos o faltas, cometidos y acaecidos en el contexto de los siguientes hechos: (los antes mencionado).

Delitos excluidos

Artículo 9. Estarán excluidos de la aplicación de la amnistía prevista en esta Ley, las acciones u omisiones que constituyan los siguientes delitos:

Violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Homicidio intencional y lesiones gravísimas.

Tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Delitos previstos en la Ley contra la Corrupción.

Estarán igualmente excluidos de la amnistía prevista en esta Ley, las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras.

Extinción de pleno derecho

Artículo 10. Con la amnistía regulada en esta Ley, se extinguen de pleno derecho todas las acciones penales, disciplinarias o civiles contra las personas beneficiadas por la amnistía, en cualquier estado y grado del proceso o del cumplimiento de la pena, incluyendo las solicitudes de extradición, relacionadas exclusivamente con los hechos objeto de esta Ley. En consecuencia, cesará cualquier medida de coerción personal, las medidas alternativas a la privación de libertad y cualquier otra medida que haya sido acordada.

Los efectos de la presente amnistía, se extienden a todos los autores y partícipes de los delitos o faltas a los que hace referencia esta Ley.

Procedimiento judicial

Artículo 11. El tribunal competente, a instancia de parte, verificará los supuestos de la amnistía en cada caso y decretará el sobreseimiento de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para su anulación mediante sentencias de reemplazo, en un plazo que no excederá de quince (15) días continuos. Asimismo, dictará todas las medidas o providencias necesarias para asegurar el cumplimiento de esta Ley, incluyendo el cese de las medidas de coerción personal, de las medidas alternativas a la privación de libertad y cualquier otra medida que haya sido acordada.

Corresponderá al tribunal de control o juicio conocer y decidir las solicitudes presentadas en los procesos que se encuentren en fase preparatoria, intermedia o de juicio. La solicitud podrá ser presentada por el Ministerio Público, la persona imputada o acusada o su defensor o defensora.
Corresponderá a la corte de apelaciones conocer y decidir las solicitudes presentadas en los procesos en fase de ejecución. La solicitud podrá ser interpuesta por cualquiera de los sujetos a los que hace referencia el artículo 463 del Código Orgánico Procesal Penal.

Recursos

Artículo 12. Contra la decisión dictada por el tribunal competente que recae sobre los hechos objeto de esta Ley, la víctima acreditada en el proceso, el Ministerio Público y la persona procesada o condenada podrá interponer recurso de apelación, solo con efecto devolutivo. El recurso se tramitará conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal.

Averiguaciones y procedimientos

Artículo 13. Los órganos de policía y de policía de investigación, así como los órganos de investigación militar, darán por finalizadas las averiguaciones y procedimientos relativos a los hechos objeto de esta amnistía, salvo las excepciones previstas en el artículo 9 de esta Ley.

Eliminación de registros y antecedentes

Artículo 14. Los órganos y entes administrativos, policiales o militares en los cuales reposen registros o antecedentes sobre personas beneficiadas por la amnistía objeto de esta Ley, deberán eliminar de sus archivos los registros y antecedentes relacionados con ellas, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, la persona interesada o de su representante legal. En caso de que el beneficiario haya sido requerido para su aprehensión o ubicación en el extranjero, se deberá notificar de inmediato a las instancias competentes para que dejen sin efecto dichas solicitudes.

Seguimiento a la aplicación de esta Ley

Artículo 15. La Asamblea Nacional designará una Comisión Especial que desarrollará e implementará mecanismos para asegurar el cumplimiento de esta Ley, en colaboración con los órganos del sistema de justicia. Para tal fin, podrá contar con el apoyo de expertos y expertas, con el objeto de brindar asesoría especializada en función de los objetivos y finalidades establecidas.

Dicha Comisión, en casos debidamente evaluados, podrá recomendar a los órganos competentes la adopción expedita de medidas alternativas para alcanzar las finalidades previstas en el artículo 2.

Paz y convivencia democrática

Artículo 16. El otorgamiento de la amnistía contemplada en esta Ley, contribuye a la consolidación de la paz y la convivencia democrática. Las personas beneficiadas por esta Ley que resulten incursas en delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia, serán procesadas de conformidad con la legislación aplicable.

Disposición final

ÚNICA. Esta Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

La aprobación de este instrumento legal de manera unánime por el Parlamento venezolano, constituye un hecho de gran importancia histórica y una iniciativa de gran envergadura que cerrará capítulos lamentables de la historia contemporánea de la nación y abrirá paso hacia nuevas etapas.

SABINA DI MURO / CIUDAD CCS