18/02/26.- Este miércoles la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) anunciaron una huelga general y movilizaciones masivas para el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral, impulsado por el Gobierno ultraderechista liderado por Javier Milei.

Pese a que la fecha exacta de la sesión en el recinto aún no se ha confirmado, las centrales obreras estiman que la protesta nacional se llevará a cabo entre el 19 y el 25 de febrero. Esta medida de fuerza busca frenar la sanción definitiva de una ley que ya cuenta con la aprobación del Senado, obtenida recientemente en medio de protestas y represión policial en las inmediaciones del Congreso, de acuerdo con el medio Telesur.

En este sentido, dirigentes gremiales han calificado la medida como un paso necesario pero insuficiente, al proponer un plan de lucha más amplio con movimientos sociales y partidos políticos para resistir a lo que consideran un retroceso histórico en los derechos de los trabajadores.

La controversia radica en la modificación estructural de la negociación colectiva, ya que el proyecto, presentado por el Ejecutivo como “modernización”, prioriza los acuerdos por empresa sobre los convenios por actividad, al eliminar además la “ultra actividad”, por la cual los convenios colectivos continúan vigentes hasta que se firme uno nuevo.

La propuesta también introduce un “banco de horas” que permite jornadas de hasta 12 horas sin el pago de horas extras y faculta al empleador a fraccionar las vacaciones en períodos de siete días. La legislación actual obliga a que las horas extras sean pagadas con un adicional del 50 por ciento para los días normales y del 100 por ciento en caso de que sea en festivos o fines de semana.

En términos económicos, el Gobierno propone reducir las contribuciones patronales a la seguridad social, al desviar esos fondos a un nuevo sistema de indemnizaciones denominado Fondo de Asistencia Laboral. Se estima que esta resta de recursos representaría una pérdida para el Estado de aproximadamente dos mil 500 millones de dólares anuales.

Asimismo, el texto contempla una reducción salarial de hasta el 75 por ciento en casos de enfermedades crónicas o accidentes no laborales, artículo que se espera sea revisado en la Cámara Baja ante la presión social.

Finalmente, los críticos de la ley señalan una contradicción en la pretendida modernización, ya que el proyecto deroga la actual Ley de Teletrabajo sancionada en 2020 y mantiene vigente la normativa de 1929 que fija una jornada semanal de 48 horas.

El debate en las comisiones de diputados que comienza esta semana será el escenario definitivo donde se decida si Argentina avanza hacia este nuevo esquema laboral o si la presión sindical logra modificar el rumbo de la iniciativa de Javier Milei.

CIUDAD CCS