14/02/2026.- La paz duradera es la suprema premisa y razón para el ejercicio de todos los derechos y deberes humanos. Al decir esto, es porque la considero la postura más justa, correcta y que favorece el desarrollo de las relaciones de amistad entre los habitantes de los pueblos de nuestro planeta Tierra. No es la paz del silencio, de los hombres y mujeres que tienen como costumbre callar. Es la paz de la libertad y, por tanto, de las leyes justas, de la alegría, de la igualdad, de la solidaridad, donde todos los seres humanos cuentan, conviven y comparten, y a la vez aplican la ecuación que conduce a la fórmula de una humanidad sin violencia.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya Carta entró en vigencia el 24 de octubre de 1945 para asegurar una paz firme y duradera después de la Segunda Guerra Mundial, fijó las bases armónicas con la justicia democrática que estaba por concretarse. La Declaración de la ONU, aprobada el 1.º de enero de 1942 en Washington, dio auge para la configuración jurídica de una coalición antihitleriana. A los países participantes en ella se les denominó Naciones Unidas. Hoy, por el contrario, la situación es crítica. La doctrina expansionista de seguridad nacional de los Estados Unidos enturbia la paz al ver el mundo como objeto histórico de su seguridad.

La ONU desde hace más de ochenta años ha puesto de manifiesto que la correlación de fuerzas en su seno ha mostrado alteraciones y que los países que han sostenido posiciones progresistas han logrado lo posible por la paz, aunque no lo deseable. Recordemos, por ejemplo, dos casos: la condena del genocidio israelí contra la población palestina, que constituye una amenaza de exterminio, y el rechazo a la agresión militar en Venezuela y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro Moros, y la primera dama, Cilia Flores, el día sábado 3 de enero de 2026, por parte de EE. UU., con una vergonzosa confabulación dirigida por fuerzas especiales, la DEA y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Estas medidas han levantado airadas protestas en todo el mundo y han dejado mucho que desear por las deficiencias de la organización mundial.

La sede de la ONU ha sido el foro de las naciones donde EE. UU. exhibe su prepotencia y trata de imponer sus puntos de vista, dictando leyes de supremacía. Sin embargo, esta organización se ha convertido en un espacio donde se oyen voces que difieren del coro sumiso de antaño. La ONU en la actualidad experimenta muchas inconsistencias para hacer cumplir sus resoluciones. Estos puntos no pueden pasar inadvertidos; se deben rechazar los hechos siniestros que promueven y llevan a cabo tanto EE. UU. como Israel.

La paz no puede ser maquillada con intentos sutiles. El derecho a la paz, a vivir en paz, implica cesar en la creencia de que unos son los virtuosos y acertados, y otros, los errados; unos, los generosos en todo, y otros, los menesterosos en todo. En Venezuela, la paz, el desarrollo y la democracia se combinan mutuamente en interacción. Al respecto, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delsy Eloína Rodríguez Gómez, enfatizó que la Ley de Amnistía, aprobada en primera discusión el pasado 5 de febrero de 2026 por la Asamblea Nacional, tiene como objetivo consolidar el cuadro integral de justicia y reconciliación para superar el conflicto político y garantizar la paz en todo el territorio nacional. Esta ley en ningún caso podrá utilizarse para justificar el quebrantamiento de los valores de concesión del indulto. Esto porque, liberados 87 privados de libertad, uno de estos liberados se declaró en rebeldía, llamando a desestabilizar el orden público e incitando a actos de guarimbas. Hubo entonces que privarlo nuevamente de la libertad, ya que intentaba provocar pánico o tumulto.

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática tiene como principio evitar actos de intolerancia, violencia, terrorismo, xenofobia, nacionalismo agresivo, racismo, etc., los cuales constituyen amenazas para la consolidación de la paz y la revolución socialista bolivariana en el plano nacional, además de generar obstáculos para el desarrollo.

Al Estado venezolano le corresponde seguir desarrollando y fomentando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin ninguna distinción.

J. J. Álvarez