29/01/26.- Washington enfrenta inminente cierre del gobierno federal tras el fracaso del Senado en aprobar el paquete presupuestario, en medio de una ola de críticas y protestas por la muerte de dos manifestantes a manos de agentes migratorios en Mineápolis.

La oposición demócrata condiciona la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a reformas profundas en la actuación de ICE y la Patrulla Fronteriza, tras imágenes de brutalidad policial que han conmocionado al país.

Con el plazo límite a la medianoche del viernes, los demócratas mantienen bloqueado el paquete de seis proyectos de ley, exigiendo medidas como cámaras corporales, identificación visible y órdenes judiciales para arrestos migratorios.

El líder demócrata Chuck Schumer ha declarado que la “brutalidad avalada por el Estado” debe terminar y que el Congreso tiene la responsabilidad moral de actuar.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump intenta evitar un nuevo shutdown (el segundo desde su retorno a la presidencia) negociando a contrarreloj con la oposición y defendiendo a sus funcionarios pese a la presión para destituir a la secretaria del DHS, Kristi Noem.

Las divisiones dentro del propio Partido Republicano y la resistencia de la Cámara de Representantes a modificar el texto aprobado complican la posibilidad de un acuerdo inminente.

La muerte de Alex Pretti y Renée Good a manos de agentes federales ha provocado manifestaciones y vigilias en varias ciudades, con demandas de justicia y rendición de cuentas. Videos ciudadanos contradicen la versión oficial y han intensificado el escrutinio sobre el uso de la fuerza en operativos migratorios.

De concretarse el cierre, cientos de miles de empleados federales se verán afectados, y servicios clave como la gestión de emergencias y la seguridad fronteriza enfrentarán interrupciones, agravando la crisis en un contexto de inestabilidad económica y emergencias climáticas.

Mientras tanto, Washington permanece en vilo, a la espera de una solución que permita restablecer la confianza y la gobernabilidad frente a la creciente indignación social.

ISAÍAS OVALLES / CIUDAD CCS