28/01/26.- Hace siete años, el 28 de enero de 2019, el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) impuso un  embargo petrolero a Venezuela, como parte de las sanciones contra el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, medida que buscaba presionar económicamente al gobierno venezolano, al prohibir las transacciones con Petróleos de Venezuela (PDVSA) y ceder el control de su filial Citgo y cuentas bancarias en EEUU al entonces líder opositor Juan Guaidó.

Este caso es considerado uno de los actos de piratería judicial más inauditos de la historia moderna por su carácter político, por el uso de mecanismos judiciales para despojar a un Estado soberano de sus activos extranjeros, y por el apoyo de la administración de Donald Trump y del diputado en desacato Juan Guaidó, a quien Venezuela denuncia como cómplice en esta operación. Organismos internacionales han condenado estos actos como violatorios de la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) y el Estatuto de Roma.

Criminal embargo

Con relación al inicio de las medidas coercitivas unilaterales contra la industria petrolera nacional, marcada por la imposición de este embargo, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, fustigó la traición de la oposición extremista para estrangular la economía de la nación bolivariana, a través de sus redes sociales.

"El 28 de enero de 2019 comenzó uno de los actos de robo, criminalidad y piratería judicial más inauditos de la historia moderna: el Gobierno de Estados Unidos impuso un embargo petrolero a Venezuela con el objetivo de asfixiar su economía", recordó Gil en su canal de Telegram.

Señaló que ese día también se "inició un entramado de sanciones y un sistema judicial al servicio de intereses corporativos para incautar CITGO, el mayor activo venezolano en el extranjero, y repartir sus acciones entre fondos buitre, corporaciones energéticas y acreedores".

En este sentido, se refirió al proceso que se lleva a cabo en EEUU para la venta ilegal de Citgo, "que se encuentra hoy en su etapa final, debido a la traición de un sector extremista de la oposición venezolana, que pidió el estrangulamiento económico", así como el robo de la filial petrolera "y de todo lo que, por soberanía, pertenece al pueblo venezolano".

Aunque el fallo judicial ya se ha emitido, la transferencia definitiva de Citgo requiere la aprobación final de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, lo que podría concretarse durante el primer semestre de 2026. 

Cabe destacar que esta operación, impulsada desde Washington, se considera un precedente clave en el uso del sistema judicial estadounidense como herramienta de presión económica y geopolítica contra países con inversiones estratégicas en el país.

Venezuela no reconoce la venta

A comienzos de diciembre 2025, la entonces vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, informó que el Gobierno venezolano “no reconoce el procedimiento judicial de venta forzosa de la empresa Citgo Petroleum Corporation”, ejecutado por las autoridades de Estados Unidos en perjuicio de los intereses de Venezuela.

En este sentido, Rodríguez definió la decisión judicial como “un vulgar y bárbaro despojo de un valioso activo de Petróleos de Venezuela S.A. en territorio estadounidense, mediante un procedimiento fraudulento”.

Del mismo modo, Rodríguez reiteró en que Venezuela no reconoce ni reconocerá esa venta forzosa, y seguirá adoptando las medidas necesarias para que los autores de este fraude enfrenten responsabilidades penales, “incluida la responsabilidad internacional de entes extranjeros” que han participado en el proceso para despojar al país de su principal activo en el exterior.

LUCILA CONTRERAS / CIUDAD CCS