22/01/26.- En sesión ordinaria celebrada este jueves en el Palacio Federal Legislativo, el cuerpo parlamentario de la Asamblea Nacional (AN) concretó importantes avances legislativos orientados a la modernización del marco jurídico nacional, con un enfoque en la soberanía económica, la eficiencia administrativa y la protección social.

​La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el Plan Básico Legislativo 2026–2027.

Esta hoja de ruta estratégica está compuesta por 29 propuestas normativas diseñadas para responder a los desafíos económicos, sociales y administrativos que enfrenta el país, funcionando como el eje central de la gestión parlamentaria para el próximo período.

​Reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos

​En el marco de la agenda económica, la AN aprobó en primera discusión y por mayoría calificada evidente el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Tras la votación, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la aprobación del carácter orgánico de dicho proyecto de reforma.

​La presentación estuvo a cargo del diputado Orlando Camacho, quien hizo hincapié en tres áreas específicas para su modificación y en la inclusión de nuevos artículos.

Camacho aseveró que este proyecto nace como una necesidad imperativa de adaptar la legislación venezolana a los nuevos tiempos, permitiendo el desarrollo conjunto entre los sectores público y privado.

Asimismo, destacó que la reforma busca el incremento volumétrico petrolero con un enfoque en el trilema energético y la paz productiva.

​Sanción de la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos

Cumpliendo con el artículo 203 de la Constitución, los parlamentarios aprobaron, mediante la señal de costumbre, la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos.

​El diputado Ramón Lobo expresó que esta ley permitirá blindar el punto de encuentro entre productores, consumidores y el Estado, garantizando productos y precios estándares.

​El diputado Rubén Limas expuso que la ley constituye una guía para una economía eficiente, transparente y de carácter humano, con el fin de asegurar bienes y servicios de calidad eliminando el acaparamiento y la especulación.

​El diputado Jesús Faría puntualizó que la normativa está fundamentada en la corresponsabilidad y tiene como propósito cumplir con un mandato constitucional.

​Finalmente, la Asamblea Nacional aprobó el carácter orgánico del Proyecto de Ley de Aceleración y Optimización de los Trámites y Procedimientos Administrativos de la Administración Pública, una medida que busca agilizar la gestión institucional en beneficio de la ciudadanía.

CIUDAD CCS