06/01/26.- El Ministerio Público designó a tres fiscales especiales, con competencia nacional, para investigar las decenas de bajas civiles y militares registradas durante el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela el pasado 3 de enero, según informó este martes el fiscal general, Tarek William Saab, en el acto de notificación a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

La medida se enmarca en una investigación penal por lo que las autoridades venezolanas califican como un "crimen de guerra" y una "agresión inusitada" contra el país.

"Hemos designado, como Ministerio Público, a tres fiscales para investigar las decenas de bajas inocentes civiles y militares ocurridas en medio de este horrible crimen de guerra, de esta agresión inusitada contra la patria venezolana", indicó Saab.

Cifras de víctimas

Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha precisado la cifra de heridos ni fallecidos en los bombardeos. Fuentes venezolanas citadas por The New York Times revelaron que  80 personas, entre personas civiles e integrantes de las fuerzas de seguridad, habían muerto durante la incursión estadounidense en Venezuela.

Por su parte, el ejército venezolano confirmó que 23 oficiales, entre ellos cinco almirantes, murieron durante el ataque de Estados Unidos.

El domingo, el Gobierno de Cuba informó de que 32 de sus militares destinados en Venezuela murieron en acciones combativas durante el ataque estadounidense en territorio venezolano, según reporte de la agencia española de noticias, EFE.

Objeto de la investigación

La Fiscalía informó que las averiguaciones  se centrarán en documentar:

• El número de víctimas civiles y militares.
• Las circunstancias de los bombardeos.
• La posible responsabilidad penal internacional.
• Los daños en zonas residenciales.

Vale destacar que la investigación anunciada por el Ministerio Público abre una nueva fase en un conflicto que ya trascendió el ámbito político para colocarse en el terreno penal, humanitario y diplomático. Las autoridades venezolanas sostienen que los hechos constituyen un “crimen de guerra”, mientras se prevé que el caso sea utilizado también en instancias internacionales.

LUCILA CONTRERAS / CIUDAD CCS