22/12/25.- En sesión extraordinaria celebrada este lunes, la Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad y en primera discusión el proyecto de Ley para Garantizar las Libertades de Navegación y Comercio frente a la Piratería, Bloqueos y otros Actos Ilícitos Internacionales.

La normativa busca salvaguardar la soberanía económica y los derechos de navegación del país frente a las crecientes agresiones externas.

​El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ordenó la remisión inmediata del texto a una comisión mixta (Política Exterior, Economía y Seguridad) para realizar una consulta de urgencia.

Se espera que el proyecto sea presentado para su segunda discusión este mismo martes.

Rodríguez denunció que Venezuela enfrenta prácticas de "piratería moderna" por parte de Estados Unidos, a quien acusó de emplear métodos históricos de saqueo y agresión.

El diputado Giuseppe Alessandrello explicó que la iniciativa surge tras cuatro meses de "asedio", que incluyen bloqueos en el espacio aéreo y naval del Caribe, así como abordajes violentos a buques mercantes.

La ley, estructurada en dos capítulos y 11 artículos, se fundamenta en tratados internacionales como la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar y la Carta de las Naciones Unidas.

​Uno de los puntos más relevantes se encuentra en el artículo 10, que estipula sanciones severas para quienes promuevan, financien o invoquen actos de piratería contra personas o empresas que comercien con la República. Las penas incluyen:

- ​Prisión de 15 a 20 años.

- ​Multas equivalentes a entre 100.000 y 1.000.000 de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

​Respaldo unánime

La propuesta contó con el apoyo de la bancada opositora. El diputado José Gregorio Correa manifestó que la defensa del país trasciende las diferencias políticas y advirtió que no condenar las acciones de fuerza en aguas venezolanas "convierte en cómplices" a quienes guardan silencio.

​Con esta legislación, el Estado venezolano pretende blindar su economía, asegurar el nivel de vida de su población y responder con "dignidad y decencia" ante cualquier vulneración de sus derechos en materia de comercio internacional.

CIUDAD CCS