20/12/2025.- El estatus de Puerto Rico es el de una nación latinoamericana sometida a la dominación colonial estadounidense, tras ser una colonia española rural y agrícola. Al estar supuestamente carente de recursos naturales significativos, experimentó una drástica y profunda transformación que le permitió, con el correr de los años, dar paso a una sociedad fundamentalmente urbana de gran actividad industrial y generadora de una gran cantidad de mano de obra. Si esto pudiera valorarse como progreso social, aún continúa allí el crimen ecológico practicado por la Casa Blanca que, con su voracidad mercantilista, causa un gran impacto ambiental que ha traído consigo la contaminación de aire, tierra y agua. Estos recursos de carácter renovable no toleran ya mayor explotación.

La isla de Puerto Rico fue traspasada por España a Estados Unidos (EE. UU.) en 1898, después de la Guerra Hispanoamericana y, por una decisión del Tratado de París, adquirió nacionalidad norteamericana en 1917 y de autogobierno como Estado Libre Asociado (ELA) en 1952, bajo la autoridad del Congreso de EE. UU., un engendro del imperialismo norteamericano que se ha perpetuado por más de 127 años, negándole el carácter de Estado independiente.

En ese mismo año (1952), Puerto Rico aprobó la Constitución de la nación en la que se estableció la autorización del gobierno local y legislatura propios, pero EE. UU. marcha a la cabeza de la jurisdicción exclusiva sobre la ciudadanía, las relaciones exteriores, la defensa, la migración, la inmigración, el comercio exterior, la moneda (el dólar), el transporte marítimo y aéreo, la radio, la televisión, internet, las redes sociales, el software privado digital, las relaciones obrero-patronales, la vivienda, las reservas forestales, la salud pública y la educación, etcétera.

En Washington, en el Congreso estadounidense, los puertorriqueños tienen teóricamente un “comisionado residente” que tiene voz, pero no voto, en las elecciones generales y de medio tiempo, porque los votantes tienen que ser ciudadanos estadounidenses por nacimiento y contar con un mínimo de 14 años de residencia en el país. Los puertorriqueños son ciudadanos norteamericanos, pero los que residen en Puerto Rico no pueden votar en los comicios para la presidencia de EE. UU. Un detalle curioso es que los habitantes de Puerto Rico siempre han sufrido muchos desengaños, porque se tienen que calar a un presidente que no nació en la Isla y que los gobierna con su personal, al parecer, colonizador.

Breves datos del estatus que guarda Puerto Rico actualmente: el país es un enclave militar estratégico de la Casa Blanca. La inversión de capital sobrepasa el 1.2 billón de dólares. Este capital controla en la Isla más del 80% de la industria manufacturera; 85% de las ventas comerciales al detalle; el transporte marítimo y aéreo; emplea el 81% de la mano de obra; controla los medios de comunicación; posee más del 60% de la industria de construcción de viviendas; domina el 60% de las operaciones bancarias; controla el 90% de los productos industriales de exportación. Puerto Rico es el segundo mercado de EE. UU. en América Latina y el quinto en el mundo.

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Con este panorama de inversiones se han beneficiado exageradamente grandes compañías como la Bear Creek Mining Company (subsidiaria de Kennecott Copper Corporation); Ponce Mining Company (subsidiaria de la American Metal Climax Co); Alastair D. Frasser; la Dirección de Minas de EE. UU. y la Kewanee Interamerican Oil Co, especializadas en explotación de hierro, cobre, oro, plata, níquel y cobalto, entre otros.

Un ejemplo, para citar uno de los tantos casos, basta con demostrar la gravedad de los problemas de contaminación de la Isla. La extracción de alrededor de 8 millones 979 mil galones de agua del subsuelo en el pueblo de Barceloneta, al norte de la Isla, amenaza con causar una intrusión salina en el manto acuífero, que podría atrofiar así uno de los mayores recursos de agua subterránea de Puerto Rico.

Hay en la Isla cerca de 10 bases militares norteamericanas que ocupan más del 10% de la tierra cultivable. Dichas bases son centros de adiestramiento del ejército norteamericano, con arsenales de armas nucleares, de laboratorios con armas químicas y bacteriológicas, desde donde se planifican expediciones invasoras de pueblos hermanos, como el caso de República Dominicana, el de Playa Girón en Cuba, y en la actualidad, como se pretendió y se pretende todavía con Venezuela.

Todo ello para intentar aplastar la Revolución Bolivariana de Venezuela, pero bien lo saben que tienen que enfrentarse con un ejército diferente, un pueblo distinto, con una moral y la ideología de hierro del Libertador Simón Bolívar. Sépalo, señor Trump, ya esto está produciendo una reacción en cadena que está prestando toda la ayuda necesaria para rechazar la agresión armada contra Venezuela.

J. J. Álvarez