02/12/25.- La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ofreció este lunes nuevas y polémicas declaraciones sobre el escándalo que se ha desatado por el presunto asesinato de sobrevivientes de uno de los ataques a pequeños botes en el Caribe, al admitir que la orden de dar muerte a los tripulantes civiles se hizo con la autoridad del oficial al mando.

En este sentido, la portavoz ante la pregunta de un reportero durante la rueda de prensa: “¿El almirante (Frank) Bradley fue quien dio la orden de un segundo ataque?”, respondió sin dudar: “Y estaba dentro de su autoridad para hacerlo”.

La revelación de Leavitt aumenta la controversia que se ha levantado en Estados Unidos (EEUU) sobre el delito de matar civiles indefensos tras un bombardeo a su embarcación, lo que ha sido calificado como un crimen de lesa humanidad, puesto que no hay guerra declarada en el conflicto iniciado por Washington.

Tras las acusaciones que se han levantado en Washington contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth, el presidente Donald Trump salió en su defensa, asegurando: “Yo no hubiera querido eso. No un segundo bombardeo. El primer golpe fue muy letal y estuvo bien” y reiteró su confianza en Hegseth: “Pete dijo que no ordenó la muerte de esas dos personas”.

A pesar de ello, recientemente el secretario de Defensa gringo había declarado que sí había dado la orden de matarlos “a todos”.

Se le pone chiquitica a la Casa Blanca

A pesar del respaldo de la Casa Blanca, legisladores de ambos partidos, encabezados por Mike Rogers y Adam Smith en la Cámara de Representantes y Roger Wicker y Jack Reed en el Senado, anunciaron que realizarán una supervisión rigurosa de los ataques para esclarecer los hechos.

Por su parte, el senador Tim Kaine advirtió que, de comprobarse las acusaciones, “esto podría elevarse al nivel de un crimen de guerra”. El representante Mike Turner señaló que existen “preocupaciones muy serias sobre los ataques a barcos en el Caribe y el Pacífico y la justificación legal presentada por el Gobierno”.

En este contexto, Trump y Hegseth se encuentran en el centro de un debate que enfrenta la política de seguridad estadounidense con los límites legales internacionales, mientras la atención del Congreso se centra en determinar responsabilidades y transparencia en las operaciones militares en la región.

La postura de Venezuela defiende los DD. HH.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció este sábado que el Parlamento venezolano iniciará una investigación formal sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estadounidenses en el mar Caribe desde el pasado 2 de septiembre. La declaración se produjo tras un encuentro con familiares de las víctimas en el que Rodríguez denunció graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

“Lo que está ocurriendo desde el 2 de septiembre en el mar Caribe es claramente ilegal, es claramente ilegítimo y vulnera el derecho humanitario internacional, vulnera la Carta de Naciones Unidas, vulnera la Carta de Derechos Humanos y además atenta contra las leyes relacionadas con la navegación, las leyes del mar y también las leyes de la guerra”, afirmó Rodríguez.

El parlamentario citó textualmente el artículo 12 del Convenio de Ginebra de 1949, que establece que los heridos o enfermos “habrán de ser respetados y protegidos en todas las circunstancias” y “deben ser tratados y asistidos con humanidad”, prohibiendo cualquier atentado contra su vida.

Asimismo, recordó el Protocolo Adicional I de 1977, que en su artículo 41 prohíbe atacar a personas que se encuentren fuera de combate, como heridos, desarmados o náufragos.

Señaló que mantienen en resguardo las identidades de los familiares de los asesinados, con los que se reunieron, “puesto que han venido recibiendo amenazas de sectores y personas que tienen un máximo interés en que ellas no digan la verdad y que no se diluciden los hechos”, puntualizó.

CIUDAD CCS