27/11/25.- Tras el terrible crimen ocurrido el domingo 23 de noviembre, en la Quinta Canaima, ubicada en Bello Monte, municipio Baruta, estado Miranda, voceros y voceras de diferentes organizaciones de inquilinos, solicitan a la Defensoría de Pueblo, una investigación exhaustiva de los hechos, además de exigir justicia por el asesinato de Eduardo Súnica, inquilino del inmueble desde hace 20 años.

Integrantes de la Red de Inquilinos, Campamento de Pioneros, Movimiento de Ocupantes, Movimiento de Pobladores, y diferentes vocerías de poder popular, acudieron a la sede de la Defensoría este miércoles 26 de noviembre con un documento en el que denuncian este hecho que enluta a las familias inquilinas y crear un terrible precedente en las acciones de desalojo, para ellos “la propiedad privada no está por encima de la vida de la personas”.

El origen de la tragedia se encuentra en el supuesto derecho de propiedad de la quinta Canaima, ubicada en la segunda transversal de la avenida Casiquiare, en Bello Monte, municipio Baruta, estado Miranda, donde Eduardo Súnica y su familia fueron inquilinos por unos 20 años.

De acuerdo con la denuncia formulada por el Movimiento de Inquilinos, la quinta Canaima era propiedad  de “Piedad Espinoza, adjudicada tras su divorcio y quien muere en 2014. En el año 2022 el exesposo se declara heredero universal de  la propiedad, quien la vende a Italo Di Pasquale, hijo de Altagracia Acosta de Di Pasquale, abogada, quien denunció en diciembre de 2024, a Eduardo Súnico y Elvira de Sunico por invasión, apoyándose en las acciones que realiza Fiscalía contra las familias inquilinas”, reza el texto.

Al hablar de los hechos del 23 de noviembre, testimonios de los vecinos de la zona, señalan al ciudadano Italo Di Pasquale Acosta, como el presunto autor material del asesinato de Eduardo Súnico, y de causarles heridas de gravedad a Elvira de Sunico esposa del hoy fallecido, durante un acto de desalojo que para ellos resulta irregular por realzarse un día domingo. Resaltando que en días anteriores unos 5 inquilinos fueran procesados como invasores y ocupantes ilegales por la fiscalía 73° del Ministerio Publico.

Además de quedar evidenciado en un video registrado por testigos presentes el momento en que el agresor  Italo Di Pasquale  saca el arma y realiza al menos cinco disparos contra Eduardo y Elvira Sunico, quienes no exhibían algún comportamiento amenazante o que pusiera en riesgo al tirador o a la vivienda. 

Según lo relatado, Italo Di Pascuale Acosta, médico neurocirujano, disparó contra Eduardo Súnico y su esposa, quienes se encontraban en la calle después de ser desalojados de la Quinta Canaima, con presencia policial y se enmarca en una denuncia por “invasión” presentada en 2024 ante el MP.  El despacho que tiene a cargo la investigación es la fiscalía 73° y los funcionarios que impulsan el proceso son el fiscal William Márquez y su auxiliar, Hayleth Zerpa.

Ante lo ocurrido algunos vecinos y miembros de concejo comunal  mantienen  en su poder la grabación de los acontecimientos como prueba del crimen, además de  impedir la fuga del presunto asesino. Di Pasquale  fue  aprendido en flagrancia, por parte de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para ser  presentado ante un tribunal de control de la circunscripción judicial de Caracas.

Movimientos de Inquilinos condenan enérgicamente este hecho violento y denuncian la “criminalización” de los inquilinos, advirtiendo sobre el peligroso de anteponer la propiedad privada a la vida humana, reiterando que no existe justificación alguna para la acción criminal contra Eduardo y su esposa, lo que representa una grave alarma social al constatarse que fue un profesional de la salud, cuya vocación debería ser la preservación de la vida quien empleó la violencia letal para resolver un conflicto de carácter civil.

EMILY CAZORLA / CIUDAD CCS