22/11/2025.- El proceso actual de antagonismo y de desestabilización de la administración Trump contra la República Bolivariana de Venezuela jamás puede verse como un hecho aislado en la tirantez de las relaciones entre Washington y Caracas. Un episodio dramático que pone a Estados Unidos (EE. UU.) al filo de una guerra con nuestro pacífico país es lo que se pudiera colegir de los pronunciamientos del presidente norteamericano Donald Trump, cuando afirmó que atacaría a Venezuela por aire, mar y tierra, debido al involucramiento del presidente venezolano Nicolás Maduro en la dirección de un supuesto Cártel de los Soles que exporta drogas hacia esa nación norteña. De esta aseveración no existen medios de prueba admisibles de que esta pudiera valerse. No queda duda de que Trump actuó incorrectamente aconsejado por el secretario del Departamento de Guerra, el ultraderechista Pete Hegseth, y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, este último implacable enemigo declarado del presidente venezolano.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, personalmente, con cierto filón de antidemócrata, creó un consenso entre los belicosos del Complejo Militar Industrial (CMI), el Pentágono, etcétera, con la constante reiteración del lenguaje de la seguridad nacional, lo cual lo que hace es desnudar el rostro oculto de la inseguridad nacional en EE. UU. El hablar de seguridad nacional ha llevado a la administración estadounidense, en realidad, a ser la más propensa a la inseguridad nacional. La respuesta de EE. UU. a esta situación se ha constituido contra Venezuela en tiempo del presidente norteamericano Barack Obama, mediante el Decreto Ejecutivo —Orden Ejecutiva— de fecha 9 de marzo de 2015, vigente hoy, que declara que Venezuela representa una “inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Con ello, el imperialismo norteamericano ha tratado de minimizar en vano lo que verdaderamente sucede en Venezuela falseando descaradamente su realidad política, económica y social.

La Orden Ejecutiva y/o Decreto Ejecutivo del gobierno de Barack Obama contra Venezuela, de fecha 9 de marzo de 2015, que se sigue aplicando en la actualidad, está configurada en 13 secciones: resaltan la uno y la dos, referidas a las sanciones de bloqueo de activos y restricciones migratorias; la tercera, sobre las donaciones prohibidas; la cuarta, referida a un bloqueo hacia terceros; la quinta, que prohíbe acciones para evadir el decreto o la conspiración para hacerlo; y una sexta sección, con definiciones; la séptima autoriza proceder con el bloqueo sin notificación previa; la octava, la novena y décima delegan en los secretarios del Tesoro y de Estado todas las potestades presidenciales para hacer eficaces las medidas y garantizar que se mantengan. Este modelo de documento, tal y como se sigue aplicando, ha tenido nefastos efectos en nuestro país y en el mundo.

La fuerza militar de EE. UU. que permanece en estos momentos en el Caribe desde fines de agosto de este año no es en beneficio del mantenimiento de la paz y la seguridad de la región. Por ahora, ha sido una operación militar para asesinar pescadores en alta mar en el Caribe y en el Pacífico, todo esto con planes de invadir a Venezuela y derribar el gobierno legítimo del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros. Con el pretexto de combatir el narcotráfico, ha estacionado más de 24 buques de guerra con misiles, el portaviones USS Gerald Ford, un submarino nuclear, el destructor USS Jason Dunham, aviones, helicópteros, drones y casi 16 mil militares muy cerca de las costas venezolanas.

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Resultado de los ataques a las llamadas narcolanchas: más de 80 asesinatos de supuestos narcotraficantes se han cometido al ser bombardeadas y destruidas las embarcaciones que utilizan para la pesca. Aún no está comprobado que los pescadores asesinados llevaban drogas en sus lanchas ni que violaron aguas internacionales desviando sus rutas. Lo que se ha sabido es que los pescadores estaban autorizados por sus respectivos gobiernos para circular, de conformidad con lo que dispone el derecho internacional marítimo.

El origen del conflicto entre Venezuela y EE. UU. se debe al empeoramiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El país imperialista por excelencia sostiene que hay que sacar del poder en Venezuela a Nicolás Maduro y, para pretender lograrlo, ha publicado un aviso donde ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por la captura del mandatario venezolano. Además, la Casa Blanca sigue tanteando sin tapujos iniciar una invasión militar contra Venezuela, pero ya se ha dado cuenta de que una aventura como esa podría dar lugar a una crisis de choques y lecciones un tanto semejante a la Crisis de los Cohetes en Cuba en octubre de 1962.

Para la Casa Blanca, hoy las condiciones históricas son diferentes y no le permiten al Estado profundo (Deep State) y al Estado constitucional enfoques ultraderechistas que definan la visión y compromisos con el Gobierno en materia defensiva y ofensiva belicistas; el aventurarse con el terrorismo de Estado ya no puede reforzar el hegemonismo imperialista unipolar norteamericano, pese al auxilio de los poderosos medios de difusión masiva. No obstante, la Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela están reforzando alianzas para combatir la guerra cognitiva y así desmontar los relatos manipulados (fake news y desinformación dirigida).

En medio de la histeria belicista de la administración Trump y el peligro que existe de una guerra con Venezuela, millones de compatriotas valoran en estos momentos la reciente declaración del presidente estadounidense Donald Trump de estar dispuesto a reunirse con el presidente Nicolás Maduro, que pudiera entenderse para conferir un carácter más estable a un posible diálogo. Ojalá se estuviera produciendo el giro de la confrontación a la coexistencia y así pareciera que los vientos de la guerra son desplazados por los vientos de la esperanza.

J. J. Álvarez