11/11/2025.- Cuando un Estado decide financiar y sostener casas de abrigo dignas para mujeres, niñas y personas en situación de violencia, no hace caridad. Disputa el corazón del orden conservador que prefiere la familia intacta antes que la mujer viva. Afirma con hechos que la vida de una trabajadora pobre importa más que la reputación de un agresor con poder. Más que la tranquilidad de una iglesia o de cualquier entidad que exige silencio.

Durante décadas, la violencia machista fue tratada como asunto privado. Las casas de abrigo rompen ese cerco y convierten el problema en responsabilidad colectiva. No son depósitos de víctimas, sino territorios de transición hacia la libertad, donde se ofrece tiempo, seguridad, acompañamiento jurídico y psicosocial, acceso a redes comunitarias, apoyo para el trabajo y cuidado amoroso de hijas e hijos. Allí la mujer no es un expediente; es sujeto político con derecho a rehacer su historia sin pedir perdón.

Entendidas así, las casas de abrigo encarnan una política de izquierda concreta, medible y profundamente revolucionaria. Redistribuyen poder cuando permiten que una mujer sin recursos pueda irse sin terminar en la calle; cuestionan la impunidad masculina al nombrar a los agresores; tejen alianzas entre Estado y organizaciones feministas y populares; obligan a la justicia, a la policía y a los servicios sociales a responder. Cada habitación disponible, cada puerta que se abre de madrugada, es una derrota del mandato de "aguantar".

Por eso incomodan a las derechas. Una casa de abrigo que funciona demuestra que la violencia no es un destino ni un castigo divino. El patriarcado tiene costos. El Estado puede elegir ponerse del lado de las mujeres empobrecidas, racializadas, migrantes, discapacitadas, jóvenes o de la tercera edad, para que no hiera la ficción moralista de algunas y algunos que repiten "algo habrá hecho" mientras protegen la autoridad masculina y la propiedad por encima de la vida.

Salvar la vida de una mujer, cuidar a una niña, ofrecer a una adolescente un entorno libre de terror patriarcal no es asistencialismo; es lucha contrahegemónica. Es afirmar que nuestros cuerpos no son territorio de sacrificio y que la dignidad no depende del apellido, del pasaporte ni del bolsillo. Es disputar el sentido mismo de "familia", de "orden" y de "moral" frente a discursos religiosos y políticos que prefieren el escándalo por la huida antes que la condena al agresor.

Por eso, las casas de abrigo deben ser políticas globales y nacionales, con presupuesto estable, equipos formados en enfoque feminista e interseccional, articulación territorial real y marcos legales que las protejan de recortes y campañas de odio. No pueden quedar sometidas al voluntarismo ni a la clandestinidad obligada. Deben inscribirse en un sistema más amplio: prevención, educación sexual integral, justicia accesible, vivienda, salud mental, autonomía económica y participación comunitaria.

No hay proyecto popular creíble que deje a las mujeres sin salida frente a la violencia. Cada casa de abrigo digna es una trinchera de vida en medio del patriarcado y del fascismo social que lo sostiene. Defenderlas, financiarlas y multiplicarlas es una de las formas más concretas, valientes y urgentes de hacer política de izquierda en nuestro tiempo.

Daniella Inojosa

Tinta Violeta