05/11/25.- El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción en cinco provincias y tres cantones del país, alegando “grave conmoción interna” ante el aumento de la violencia y la actuación de grupos criminales.

La medida fue establecida a través del Decreto Ejecutivo 202, que tendrá una duración de 60 días y suspende derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. La misma se rige sobre las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, además de los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).

El texto gubernamental indica que estas zonas presentan “altos índices de criminalidad” y que sirven como “centros de logística y resguardo” para las organizaciones armadas, vinculadas al narcotráfico y a la minería ilegal.

Con esta nueva disposición, Ecuador acumula más de 500 días bajo regímenes de excepción desde la llegada de Noboa al poder. En enero de 2024, el mandatario ya había declarado la existencia de un “conflicto armado interno” para facultar la intervención militar contra bandas calificadas como “terroristas”, pese a que la Corte Constitucional cuestionó la medida por falta de sustento jurídico.

Pese al despliegue militar y al endurecimiento de las medidas de seguridad, la violencia no ha disminuido: El país registra más de 7 mil 400 muertes intencionales entre enero y octubre de 2025, lo que equivale a un asesinato por hora, según datos oficiales. De seguir la tendencia, 2025 podría convertirse en el año más violento de la historia moderna ecuatoriana.

El Centro Nacional de Inteligencia habría elaborado un informe el 29 de octubre que detalla la “injerencia geográfica” de los grupos criminales y el uso de territorios estratégicos para el tráfico de armas y drogas.

No obstante, la falta de transparencia sobre el contenido del informe ha desatado críticas de juristas y organizaciones sociales que debaten la legalidad y la eficacia de medidas excepcionales repetitivas que no ponen fin al conflicto social ni al deterioro institucional.

Desde 2024, Noboa ha apostado por una política de control territorial militarizado, respaldada por Washington con respecto a la cooperación antidrogas. Diversos analistas señalan que esta estrategia ha profundizado la crisis de derechos humanos, lo cual debilita la autoridad civil sobre las fuerzas armadas.

Por otro lado, las comunidades costeras continúan viviendo bajo toques de queda informales, patrullajes militares y control social. Este decreto llega en medio del debate nacional sobre la posibilidad planteada por Noboa en entrevistas recientes de permitir presencia de tropas extranjeras en el país, sobre todo en Galápagos y la costa del Pacífico, lo que ha sido tildado por organizaciones sociales como una “amenaza directa a la soberanía ecuatoriana”, reseñan medios internacionales.

CIUDAD CCS