03/11/25.- El Gobierno del presidente Donald Trump enfrenta una crisis legal y política este lunes 3 de noviembre, al vencer el plazo de 60 días establecido por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, sin que el Congreso haya aprobado formalmente la operación militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico Oriental.

A pesar de la fecha límite, que legalmente exige el cese de los ataques iniciados en agosto, la administración Trump ha indicado que la ofensiva continuará, desatando una confrontación constitucional con exfuncionarios y miembros del Congreso, así lo informó Telesur.

¿Hostilidades o simples operaciones?

La Resolución de Poderes de Guerra activa un "reloj de 60 días" cuando el presidente introduce fuerzas armadas en "hostilidades" sin una declaración o autorización congresional. El plazo se cumplió hoy, 60 días después de la notificación al Congreso del primer ataque el 4 de septiembre.

Sin embargo, según el medio CuatroF, el Departamento de Justicia (DOJ) ha intervenido a favor de la Casa Blanca, argumentando que la operación (que incluye el despliegue de buques de guerra, un submarino nuclear, aviones de combate y un portaviones) no califica como el tipo de "hostilidades" que activarían la ley.

"No consideramos que la operación alcance el tipo de hostilidades contempladas por el reloj de 60 días", afirmó Elliot Gaiser, jefe de la Oficina de Asesoría Legal del DOJ, a medios nacionales.

Esta postura es rechazada por exfuncionarios del Departamento de Estado involucrados en la aplicación de la Resolución, quienes sostienen que la naturaleza del despliegue y los ataques ejecutados sí encajan en la definición de acción bélica, lo que abre una vía legal para que el Congreso exija el cumplimiento de la norma.

El costo humano del desafío ejecutivo

Mientras se debate la legalidad de la operación, el costo humano de la campaña es innegable. La ofensiva ordenada por el presidente Trump se ha cobrado la vida de al menos 65 personas hasta la fecha.

De particular preocupación son las denuncias de que al menos 10 de estas víctimas fueron "asesinadas de manera extrajudicial" en aguas internacionales cercanas a la costa de Venezuela, un hecho que ha sido denunciado por el Gobierno bolivariano ante organismos internacionales.

El desafío de la administración Trump a la fecha límite legal subraya una tendencia a la expansión del poder ejecutivo en materia de guerra, generando un clima de incertidumbre legal y un llamado urgente a la supervisión por parte del Poder Legislativo.

THUAREZCA JULIO / CIUDAD CCS