29/10/25.- Tras el masivo operativo realizado la mañana de este martes, en Río de Janeiro, contra la facción Comando Vermelho, autoridades locales confirmaron este miércoles que la cifra de muertos ascendió de 64 a 128 personas y más de 80 detenidos. Organismos estatales calificaron esta megaoperación como la intervención más letal de su tipo en la ciudad brasileña.

La intervención, encabezada por unas 2 mil 500 fuerzas policiales y militares del Estado de Río de Janeiro, con vehículos blindados, helicópteros y apoyo táctico. Según el Gobierno, la operación buscaba desarticular redes de la banda que tiene bajo control a los citados complejos internos de las favelas. Según refiere Prensa Latina.

Reportes preliminares dan cuenta de que entre los fallecidos, se encuentran cuatro agentes policiales, al menos unas 81 personas resultaron detenidas y fueron incautados 72 fusiles y una gran cantidad de droga. El conteo de muertos aumentó luego de que en la madrugada de este miércoles, pobladores encontraron a más de 60 cuerpos en una zona de selva.

En este sentido,  el gobernador del estado, Cláudio Castro, caracterizó la operación como una lucha contra el “narcoterrorismo” y advirtió que las fuerzas no retirarán su presencia hasta tener la situación controlada.

Favelas un "escenario" de guerra

Según las declaraciones del gobernador Cláudio Castro en el megaoperativo policial más letal de Río de Janeiro "El Objetivo es capturar a líderes criminales y contener la expansión territorial del Comando Vermelho (CV)", señalan las autoridades, en referencia al grupo criminal más antiguo de Brasil.

Sin embargo, testigos y residentes describieron un ambiente de enfrentamiento prolongado, con disparos, barricadas incendiadas y bloqueo de rutas de transporte. Las escuelas, los centros de salud y el transporte público se vieron afectados por la acción policial.

Entretanto, Organizaciones de DDHH y activistas comunitarias como la socióloga Carolina Grillo, coordinadora del Grupo de Estudio sobre Nuevas Ilegalidades de la Universidad Federal Fluminense (UFF), denunciaron que el operativo ha dejado una marca profunda en las comunidades de las favelas, y lo calificaron de “masacre patrocinada por el Estado”, mientras reclaman investigaciones independientes sobre los hechos.

ONU exige investigación rápida y efectiva

Este miércoles la oficina de las Naciones Unidas (ONU), para los Derechos Humanos se declaró “horrorizada” por los efectos de la operación policial lanzada el martes por orden del gobernador bolsonarista, Claudio Castro, en favelas de Río de Janeiro y que culminó con alrededor de 120 muertos, entre ellos varios agentes de las fuerzas de seguridad.

Para el organismo, el operativo contra el Comando Vermelho evidencia una “tendencia” sobre las “consecuencias letales” de las acciones de la Policía en áreas con “comunidades marginadas” y reclama investigaciones “rápidas y efectivas” y la obligación de respetar en todo momento el Derecho Internacional.

Lula da Silva convoca a reunión urgente

En este contexto, el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, convocó una reunión para este miércoles, con ministros, para abordar la crisis de seguridad pública en Río de Janeiro tras la operación policial que dejó más de cien muertos.

Entre los participantes figuran los ministros Rui Costa (jefe de Gabinete), RicardoLewandowski (Justicia y Seguridad Pública), Gleisi Hoffmann (Relaciones Institucionales) y Sidônio Palmeira (Secretario de Comunicación).

El presidente se enteró de lo ocurrido al regresar de su viaje a Malasia, a través de una llamada telefónica  con Rui Costa para recibir información inicial sobre la situación en Río de Janeiro. Durante el encuentro, Lula da Silva recibirá actualizaciones sobre la crisis e instruirá a su gabinete a darle prioridad a las medidas gubernamentales para evitar que se repitan este tipo de situaciones. 

La más importante iniciativa, hasta el momento, es la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) sobre Seguridad Pública, que amplía las facultades de la Policía Federal (PF) para combatir los delitos ambientales y los de repercusión interestatal e internacional.

El Gobierno presentó la propuesta en abril y avanzó poco en la Cámara de Diputados debido a la resistencia de los gobernadores, que temen perder fuerza en la lucha contra el crimen. Asimismo, el gobierno tiene previsto enviar en los próximos días un Proyecto de Ley Anti-Facción, que incluye puntos como el aumento de las penas y una mayor posibilidad de confiscar los bienes de los líderes de organizaciones criminales.

La seguridad pública en la nación carioca es uno de los puntos débiles del discurso de Lula. Esta Percepción se agravó después que afirmara la semana pasada que los narcotraficantes son “también víctimas de los consumidores”, lo cual generó críticas de diversos sectores.

ROXIBEL LAIRET / CIUDAD CCS