27/10/2025.- Desde que Estados Unidos anunció el cierre de fronteras, las deportaciones masivas y el despliegue de más de 4.000 infantes de Marina en aguas latinoamericanas y caribeñas en contra del narcoterrorismo, la prensa internacional y no pocos líderes políticos y sociales exigen menos emotividad y máxima claridad en su discurso. La pregunta más insistente es si su misión comienza en el narcotráfico y termina en la política o viceversa. Los principales demandantes son precisamente los periodistas de la Casa Blanca, quienes advierten que, antes que provocación, la presencia permanente de armas de destrucción masiva cerca de los países latinoamericanos es una amenaza, tal vez más peligrosa para la seguridad de la región que la que esta supuestamente representa para Estados Unidos.

En términos de respuesta militar, la desproporción entre la fuerza y la debilidad continúa brutalmente representada en el bombardeo aéreo contra navegantes solitarios, traficantes o no. Varias organizaciones humanitarias advierten que cuando el autor del asesinato no es un individuo, sino el Estado, el crimen es tan condenable como si fuera en masa.

Según periodistas de CNN, una de las principales agencias noticiosas norteamericanas, la desproporcionada concentración de fuerzas militares plantea la duda de si el objetivo final de Trump solo es contrarrestar el flujo de embarcaciones que contrabandean drogas o si también contempla la anunciada operación “quirúrgica” para lograr un cambio de gobierno extraconstitucional en Venezuela. Para medir la dimensión global de un conflicto de tal naturaleza, basta observar que el despliegue armamentístico es 100 veces superior a la capacidad de respuesta militar de los países “hostiles” vigilados. Ello sin contar sus más de 700 bases militares en el continente entrenadas periódicamente, igual que las otras distribuidas a lo largo de 5.000 millas náuticas desde el Medio Oriente hasta el mar Caribe.

La intervención directa de la administración Trump en territorios latinoamericanos de alta tensión política podría considerarse también un potencial peligro, como Colombia, donde el santuario natural de la isla Gorgona, con más de 60.000 hectáreas y centenares de especies animales y vegetales, será convertido en la octava base militar norteamericana después de Palanquero. Aunque la isla Gorgona es territorio colombiano, el Gobierno no podrá impedir la iniciativa bélica, ya que las 60.000 hectáreas son propiedad de la Oficina Antinarcóticos de Estados Unidos, financista de la instalación. Un ahora exempleado del santuario definió el desenlace con una frase muy apropiada: “El señor Trump es un Quijote con ametralladora”.

Raúl Pineda