22/10/25.- El Gobierno interino de Perú declaró el martes un estado de emergencia en Lima y el puerto del Callao para hacer frente a la creciente ola de violencia y extorsiones vinculadas al crimen organizado.

La medida, que tendrá una duración de 30 días, permite la militarización de las calles y la restricción de derechos fundamentales como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, afectando a aproximadamente 10 millones de personas.

El presidente José Jerí anunció que a partir de las 00:00 horas de este miércoles, las fuerzas armadas podrán patrullar, en colaboración con la policía, para mantener el orden y reducir la inseguridad en estas zonas críticas, que en años anteriores ya habían estado parcialmente bajo estado de emergencia.

A su vez, el mandatario afirmó que la delincuencia ha crecido de forma alarmante en los últimos años, causando un gran sufrimiento a las familias peruanas y frenando el desarrollo económico del país. Jerí destacó que con esta medida inicia una “ofensiva” contra el crimen, con el objetivo de recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de los ciudadanos.

Además, el Gobierno tomó medidas específicas, como la prohibición de trasladarse dos personas en una misma moto, en respuesta a la modalidad utilizada por los sicarios. Jerí aseguró que esta acción representa un cambio significativo en la estrategia gubernamental para enfrentar la inseguridad, que se ha convertido en uno de los principales problemas del país desde la destitución de la expresidenta Dina Boluarte en octubre de 2025.

Las protestas masivas protagonizadas por la ciudadanía en respuesta a la crisis de seguridad también influyeron en esta decisión. Cabe señalar que, en octubre, las manifestaciones contra la inseguridad, el Congreso y el nuevo Gobierno derivaron en enfrentamientos violentos, con un muerto y numerosos heridos.

Es preciso recordar que la tensión social se intensificó en medio de una creciente crisis política, marcada por siete presidentes desde 2016 y acusaciones de corrupción, además de un aumento exponencial en las denuncias de extorsión y violencia. Entre enero y octubre de 2025, se registraron más de 20 mil 700 casos de extorsión, un incremento del 28,8% respecto al mismo período del año pasado, reflejando la magnitud de la problemática.

El panorama de violencia en Perú es alarmante: al menos 47 conductores han sido asesinados por pistoleros en los primeros diez meses de 2025, y la cifra de muertes relacionadas con delitos violentos continúa en aumento. Los últimos datos oficiales revelan que, en todo 2024, se denunciaron 17 mil 519 casos de extorsión, cifras que subrayan la grave crisis que atraviesa el país y que ha motivado decisiones drásticas como la declaración del estado de emergencia.

La medida busca no solo responder a la escalada delictiva, sino también contener la incertidumbre social y política que atraviesa Perú, en medio de un contexto de crisis institucional y creciente violencia en varias regiones.

FIDEL ANTILLANO / CIUDAD CCS