28/09/2025.- La relatora especial de la ONU sobre Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Gina Romero, expresó su preocupación por lo que considera una persecución sistemática del Gobierno ecuatoriano contra movimientos indígenas y organizaciones sociales, tras la represión a las recientes protestas y movilizaciones en el país.

Romero se refirió a las numerosas denuncias sobre detenciones arbitrarias y el congelamiento de cuentas bancarias de líderes indígenas y sociales, quienes salieron a las calles en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y el consecuente aumento del precio del combustible.

Los sectores que protestan en medio de un paro nacional, rechazan la eliminación de subsidio al diésel e insisten en el cese del modelo extractivista, además exigen la liberación de los detenidos y el respeto a sus derechos, reportó el canal multiestatal Telesur.

La funcionaria de la ONU enfatizó que el uso de disposiciones legales no alineadas con los estándares internacionales pone en riesgo los derechos fundamentales en Ecuador.

“Ecuador debe proteger los derechos de asamblea y asociación y asegurar un ambiente seguro para el activismo”, afirmó Romero, quien instó al Gobierno de Daniel Noboa a respetar la integridad de quienes ejercen su derecho a la protesta, sobre todo ante nuevas movilizaciones convocadas para el 28 de septiembre.

Según Telesur y de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, se han reportado 68 detenciones confirmadas, además de 88 denuncias por violaciones de derechos y 42 heridos en el contexto de manifestaciones.

El Ejecutivo ecuatoriano informó que cerca de un centenar de personas han sido arrestadas, algunas de las cuales podrían enfrentar cargos por terrorismo.

Pese a las amenazas de represión y la negativa del presidente Noboa a entablar diálogo, las protestas se mantienen activas, destacando la movilización masiva en Imbabura y bloqueos en Pastaza. 

Este domingo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció una nueva jornada de "brutal represión" en la comunidad de Otavalo, de la provincia de Imbabura, donde se llevan a cabo hace casi una semana las manifestaciones contra el decreto para eliminar el subsidio al diésel.

El paro nacional ocurre en medio de un ambiente de violencia que prevalece en la nación andina y cuando ocurrió la segunda masacre carcelaria en una semana, donde al menos 17 personas fueron asesinadas el jueves 25 de septiembre en el Centro de Privación de Libertad de la provincia de Esmeraldas, al noroeste del país, que tienen su origen directo en el sistema penitenciario del país y en las redes criminales que han evolucionado dentro de él.

CIUDAD CCS