20/09/2025.- Los recientes acontecimientos que tienen como escenario la República Bolivariana de Venezuela están dando serios dolores de cabeza al gobierno de Estados Unidos (EE. UU.), que preside el multimillonario, el empresario inmobiliario, el codicioso y excéntrico míster Donald Trump. Se ha manifestado el revolucionario respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), de la milicia y el pueblo, motivado por el llamado del presidente Nicolás Maduro al alistamiento y adiestramiento militar para enfrentar las diferentes acciones hostiles del imperialismo norteamericano. El objetivo general del gobierno venezolano es continuar elevando el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección de seguridad de la nación y de mando en todas las instancias, las tropas, la economía y el pueblo.

Donald Trump, en un esfuerzo por neutralizar la talla del presidente Nicolás Maduro como hombre de Estado, se ha dado a la tarea de calificar a Venezuela de narco-Estado, sin respaldo ni comprobación algunos, lo cual ha tenido un total repudio de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), el Consejo de Defensa de la Nación, la Plataforma de Periodistas de Venezuela, la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres y países como Rusia, China, Cuba, Nicaragua, México, Colombia, etc.

Todo esto ocurre en un contexto de guerra mediática, política y económica de la administración de la Casa Blanca contra la República Bolivariana de Venezuela, cuyo Poder Ejecutivo ejerce el presidente constitucional Nicolás Maduro, tras el fallecimiento, el 5 de marzo de 2013, del líder histórico de la Revolución Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Es curioso señalar que la actual campaña de difusión de desinformación contra Venezuela por parte de EE. UU., por sí misma, niega el derecho internacional desde el momento en que está basada en la explotación de la mentira como instrumento de manipulación.

Por ahora, veamos cuatro ejemplos recientes. El primero: el aviso de "Se Busca", cartel donde Estados Unidos ofrece una recompensa de cincuenta millones de dólares por la captura del presidente Maduro, a sabiendas de que es un acto de terrorismo que puede generar un atentado contra la integridad física, el honor o la dignidad del jefe de Estado venezolano. La publicación del aludido cartel simulando una realidad existente no consiguió convencer a la opinión pública nacional, no logró perturbar la paz internacional ni poner en peligro el prestigio o el crédito del Estado venezolano en sus buenas relaciones con otro Estado.

El segundo: la incursión de ocho barcos militares de la Armada norteamericana con misiles y un submarino de propulsión nuclear de la Cuarta Flota, bajo el mando del Comando Sur, en aguas cercanas a Venezuela, con el argumento de combatir el narcotráfico, cuando el propósito no es otro que mantener el acoso a Venezuela. Así, pretenden lograr el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y adueñarse, por fin, de las grandes reservas de petróleo y gas.

El tercero: el anuncio de Trump por la cadena de televisión CNN donde expresó: "Sabíamos exactamente de dónde venía el barco con drogas; de dónde venían las drogas hacia Estados Unidos", en clara insinuación a Venezuela. Para ello, Trump afirmó que ordenó el ataque a la embarcación que supuestamente llevaba drogas hacia Estados Unidos. La embarcación (un peñero) fue destruida, dejando once muertos, a los que señaló de pertenecer al Tren de Aragua.

Al respecto, el senador del Congreso de EE. UU., miembro de alta categoría de la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado, John Reed, manifestó con relación al presunto incidente: "No hay ninguna prueba, ninguna, de que ese ataque se haya ejecutado". También, 25 senadores estadounidenses, encabezados por Tim Kaine (D-VA) enviaron, el pasado martes, una carta al presidente Donald Trump exigiendo respuestas urgentes sobre el ataque militar, del 2 de septiembre de 2025, a una embarcación en el mar Caribe, que dejó once muertos. En el contenido de la carta se plantean serias dudas sobre la legalidad de tal hecho y advierten sobre el precedente que podía establecer en el uso de la fuerza en América Latina y el Caribe.

El cuarto: Trump, con el afán de seguir sumando teatro a la agresión contra Venezuela frente a sus costas, dio la orden al capitán del destructor de lanzamisiles guiados USS Jason Dunham (DDG-109) de interceptar y abordar el barco de bandera venezolana Carmen Rosa, que se utiliza para la pesca del atún, tripulado por pescadores venezolanos (capitán, oficiales, timonel, mecánico y cocinero). Una vez interceptado el barco Carmen Rosa por los integrantes del destructor de EE. UU., lo abordaron, sin el permiso de registrar barcos, en la Zona Económica Exclusiva de Venezuela. De manera arbitraria e ilegal, inspeccionaron el barco durante ocho horas para ver si llevaba drogas, en absoluta contradicción con los tratados internacionales del mar. Esta no es la primera vez que EE. UU. lo hace. Lo ha hecho varias veces, donde se le antoje.

En Venezuela, en este momento excepcional cuando la administración Trump no puede sostener el arrastrado alegato del narcotráfico contra la nación, se interpone el informe de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD). Este certifica que Venezuela es un país libre de narcotráfico y, además, señala que no es productor, ni distribuidor, ni país de tránsito de drogas. Igualmente, la Administración para el Control de la Droga (Drug Enforcement Administration, DEA) confirma que Venezuela cumple con las leyes para desmantelar organizaciones de tráfico de drogas, prevención, distribución y consumo de drogas ilegales.

El gobierno tiene claras las posibles amenazas y vulnerabilidades que se pueden producir por la acción del narcotráfico. Por ello, actúa de manera coordinada y preventiva en el ámbito de su competencia para garantizar la seguridad ciudadana y la seguridad de la nación.

Han sido de mucha utilidad los operativos de inteligencia y contrainteligencia del Estado, la milicia y el pueblo contra el narcotráfico, en el ámbito económico, político, social, cultural, geográfico y ambiental.

El presidente Nicolás Maduro reiteró con firmeza el combate contra el cinismo y la desfachatez de llamar a Venezuela un narco-Estado, inspirado en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y el Reglamento del Consejo de Defensa de la Nación.

J. J. Álvarez