16/09/2025.- La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU alertó este martes sobre la gravedad de los recientes ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones civiles en el Caribe, calificándolos como violaciones al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.

Expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos señalaron que los operativos estadounidenses, que resultaron en la muerte de 14 personas en dos incidentes separados, constituyen ejecuciones extrajudiciales y transgreden el marco legal internacional. El primer ataque, ocurrido el 2 de septiembre, destruyó un buque en aguas internacionales y dejó 11 fallecidos relacionados presuntamente con el grupo “Tren de Aragua”. Un segundo ataque, el 15 de septiembre, cobró la vida de tres personas más.

La administración de Washington justificó estas acciones como parte de su ofensiva contra organizaciones designadas por el gobierno como “narcoterroristas”. Sin embargo, los especialistas Ben Saul, Morris Tidball-Binz y George Katrougalos advirtieron que “el derecho internacional no permite que los gobiernos simplemente asesinen a presuntos narcotraficantes”, y subrayaron que los delitos deben ser abordados a través de investigaciones y procesos judiciales bajo el Estado de derecho.

Los expertos enfatizaron que la fuerza letal solo puede emplearse en situaciones de defensa propia ante amenazas inminentes, y recalcaron que los ataques no provocados en alta mar contra embarcaciones civiles vulneran directamente el derecho internacional del mar. “La respuesta debe ser policial, no militar”, insistieron.

El contexto de los operativos se relaciona con una orden confidencial firmada en agosto por el presidente estadounidense, que autoriza el uso de fuerza militar contra cárteles latinoamericanos designados como terroristas, incluyendo organizaciones presuntamente vinculadas a México y Venezuela.

La ONU advirtió que esta estrategia puede comprometer la legalidad internacional al permitir el uso unilateral de la fuerza en territorio extranjero, sin autorización del Consejo de Seguridad ni consentimiento de los países afectados. “Estos ataques podrían constituir una violación de la soberanía y un uso ilegal de la fuerza”, recalcaron.

Además del cese inmediato de la política, los expertos pidieron investigar y juzgar a quienes autorizaron y ejecutaron los ataques, garantizar reparación a las familias de las víctimas y evitar la repetición de hechos similares. La Oficina del Alto Comisionado informó que se han iniciado contactos con los gobiernos implicados para abordar las consecuencias legales y humanitarias de los incidentes, como parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.

CIUDAD CCS