04/09/2025.- El expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, figura central de la política nacional entre 2002 y 2010, enfrenta el momento judicial más crítico de su carrera, tras ser condenado el pasado 1° de agosto a 12 años de prisión por soborno de testigos y fraude procesal.

A la par de este proceso, una lista desclasificada de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de Estados Unidos, elaborada en 1991 y publicada en 2004, volvió a poner en el centro del debate el nombre de Uribe. En el documento, el expresidente aparece como el número 82 de una lista de 104 personas vinculadas al narcotráfico, señalado como “amigo íntimo” de Pablo Escobar y colaborador cercano del Cartel de Medellín. Aunque la autenticidad del informe ha sido confirmada por el National Security Archive, se trata de un reporte de inteligencia y no de una sentencia judicial, por lo que sus afirmaciones deben interpretarse con cautela.

La sentencia, dictada por el Juzgado 44 Penal de Bogotá, marca un hito al ser la primera vez que un exmandatario colombiano es hallado culpable en un proceso penal. Sin embargo, el 19 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la orden de detención inmediata, permitiendo que Uribe espere en libertad mientras se resuelve la apelación, argumentando la protección de sus derechos fundamentales y la presunción de inocencia.

La condena se origina de una investigación de la Corte Suprema de Justicia, que determinó que Uribe, a través de su abogado Diego Cadena, instigó a terceros para manipular a testigos encarcelados, ofreciéndoles beneficios a cambio de declaraciones falsas que lo exculparan de presuntos vínculos con grupos paramilitares. El caso se remonta a 2012, cuando el senador Iván Cepeda denunció en el Congreso, los supuestos lazos de Uribe con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Uribe respondió acusando a Cepeda de manipulación de testigos, pero la Corte desestimó la denuncia y, en cambio, abrió una investigación contra el expresidente.

El proceso judicial incluyó más de 1.500 páginas de documentos y 27.000 horas de grabaciones telefónicas, que evidenciaron los contactos entre emisarios de Uribe y los testigos. Entre los testimonios claves destaca el del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien aseguró que Uribe fue el creador del Bloque Metro y que la organización se formó en la finca familiar Guacharacas, en la década de los '90. Monsalve, hijo del antiguo mayordomo de la hacienda, relató que tanto Álvaro como su hermano Santiago Uribe, participaron activamente en la formación y expansión del grupo, que llegó a contar con cerca de 1.500 miembros hacia el año 2000. Monsalve también denunció haber sido víctima de amenazas y presiones para retractarse de sus declaraciones.

El historial de controversias de Uribe, incluye además el escándalo de los “falsos positivos”, donde durante su gobierno miles de civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate para inflar las cifras de éxito militar. Organizaciones de derechos humanos estiman que entre 2.000 y 3.000 personas fueron víctimas de esta práctica, incentivada por políticas oficiales que premiaban los resultados en bajas enemigas. Aunque Uribe ha negado que se tratara de una política de Estado, la magnitud y sistematicidad de los crímenes, han llevado a la Corte Penal Internacional a considerar la posible responsabilidad estatal.

Otra sombra sobre su mandato es el escándalo de las interceptaciones ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que bajo su gobierno espió a magistrados, periodistas y opositores políticos. Altos funcionarios del DAS fueron condenados por estos hechos, y las investigaciones han señalado la posible responsabilidad de la cúpula del Ejecutivo.

Pese a haber sido absuelto en algunos procesos, la condena por soborno y fraude procesal y la acumulación de denuncias por violaciones a los derechos humanos y nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo, han reavivado el debate sobre el legado de Uribe. Mientras sus seguidores denuncian una persecución política, las víctimas y sectores críticos consideran que la justicia apenas comienza a saldar una deuda histórica con la verdad y la reparación.
El futuro judicial de Uribe sigue en suspenso, a la espera de la decisión definitiva del Tribunal Superior de Bogotá sobre su apelación, en un caso que mantiene en vilo a la sociedad colombiana y que podría sentar un precedente para la rendición de cuentas de los más altos funcionarios del país.

CIUDAD CCS