26/07/2025.- Del tema de los derechos humanos (DDHH), un poco de historia vale la pena comentar: Las culturas orientales dieron los primeros pasos en la identificación de los derechos humanos. El libro rotulado Espejo para Príncipes, en escritura cuneiforme de la Mesopotamia del 3.500 a. C, adjudicado al príncipe de Gurgan, Kaos Ibn Iskanda, de Persia (Irán), que vivió alrededor del 1082 a NE, ya trataba de varios derechos de los súbditos como parte de la conducta del gobernante para su pueblo. El Espejo para Príncipes se proyectó como la sabiduría oriental que encendió la luz de la civilización contemporánea. El derecho humano de rebelarse contra la opresión en la civilización antigua fue manifestado en su primera oportunidad por el filósofo chino Confucio en el año 500 a.NE. También el Derecho Romano contempló normativas de protección de ciertos derechos individuales del hombre, así el Derecho Civil (ius civile) consagraba el derecho de los ciudadanos romanos, pero no consagraba el de los esclavos del imperio. Con la expansión del Imperio Romano surgió el Derecho de Gentes (ius Gentium), que estableció algunos criterios del futuro Derecho Internacional, y el Derecho Pretoriano (ius Pretorianum), que extendió la aplicación a la población no romana.

Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), el sistema político que se estableció en la primavera de 1787 en Filadelfia, Pensilvania, con la participación de un grupo de 55 hombres notables que promocionaban la libertad en la Guerra de Independencia y luego con ella la consagración de algunos derechos individuales básicos en esa época. A ello se sumaron documentos que también precisaron detalladamente el pensamiento de los liberales estadounidenses sobre derechos humanos, el más significativo de ellos, la Declaración de derechos de los habitantes del estado de Pensilvania, aprobada por la Convención constitutiva que presidía Benjamín Franklin, el 28 de septiembre de 1776. Pasados 5 años, en 1781 las 13 colonias de Norteamérica lograron ratificar su condición de estados.

Es a partir del 2 de septiembre de 1823, cuando EE.UU., durante el mandato del presidente James Monroe, trata de convertirse en el campeón de los derechos humanos con la promulgación de la doctrina que lleva su nombre, esto con la idea de dirigir la política exterior del continente americano con la batuta de los derechos humanos, pero también con el pretexto de evitar la amenaza de intervención de las potencias europeas que pregonaban restablecer sus dominios en Hispanoamérica independiente. En aquel período, EE.UU. no escatimó esfuerzos en afincar los verdaderos objetivos que por muchos decenios impuso con la fraguada frase democrática de los derechos de los países independientes de Hispanoamérica con el carácter sombrío de sus formulaciones que sirvieron para darle vía al mito de los supuestos proyectos coloniales de la Santa Alianza, vale decir, Inglaterra, Rusia, Francia, Prusia y Austria, países que en esos momentos no tenían tiempo para apagar el fuego que generaban las sublevaciones de cada uno y de lo cual Washington estaba perfectamente informado.

En EE.UU., el país imperialista por excelencia, la Carta Magna no contempla el derecho al trabajo. Hay más de 10 millones de desempleados y más de 30 millones de analfabetos funcionales; más de 20 millones sin seguro médico; espionaje constante a millones de personas por parte del FBI, que maneja más de 200 millones de huellas dactilares de ciudadanos defensores de los derechos humanos; la CIA, que sigue aplicando el vetusto plan Pájaro Azul, que data desde 1947, para controlar las mentes y lograr información independiente de la voluntad humana, tal es el caso de desinformación de los derechos humanos por parte de EE.UU., en contra de la voluntad y de las leyes de la existencia y de la conservación de la vida.

Durante la existencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, por medio de la cual los Estados miembros se comprometen a respetar los enunciados de DDHH a las personas bajo su jurisdicción, El Salvador, un Estado miembro de la ONU, deja al descubierto que ha utilizado métodos criminales contra 252 connacionales venezolanos que fueron rescatados del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de ese país. Los venezolanos secuestrados arribaron al país en dos vuelos, tras 4 meses de secuestro, debido a la complicidad del presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Pese a que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en un eje central del discurso político internacional para garantizar la idoneidad de la aplicación de su contenido, parece que no fue entendido ni por Bukele ni por Trump, cuyos países firmaron y ratificaron este compromiso. Hoy, sobre ambos mandatarios recae la responsabilidad de las violaciones de derechos humanos cometidas a los 252 venezolanos, privados de libertad en el Cecot de El Salvador. Estos venezolanos fueron encarcelados a causa de sus convicciones de inmigrantes y nada más, y por ello fueron sometidos a torturas, humillaciones, violaciones sexuales, trato inhumano y degradante, guerra psicológica, etcétera. Esta atrocidad trastocó la protección internacional, como en efecto ocurrió contra los venezolanos secuestrados en El Salvador.

El abuso ilimitado del poder por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump y su socio Nayib Bukele, en el caso de los 252 venezolanos deportados de EE.UU., sin cargos ni juicios, niega el cometido de pactos, convenciones y tratados internacionales desde el momento en que ello estuvo basado por encima de la ley. Esto exige una respuesta internacional basada en la aplicación del Estatuto de Roma, firmado el 17 de julio de 1978, jurisdicción viable que debe constituir un gran soporte en la batalla contra la impunidad y hacia el mayor respeto del derecho humano internacional.

J. J. Álvarez