23/0725.- El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, concluyó recientemente la etapa de testimonios en el juicio que investiga el intento de golpe de Estado ocurrido tras las elecciones de 2022.

Es preciso mencionar que el proceso de investigación está dividido en varios núcleos: en los núcleos dos y tres, se acusó a varios actores de planear y coordinar acciones para desestabilizar el orden democrático en el país.

Cabe destacar que la investigación se centró en comprender cómo se gestó y qué actores participaron en dichas maniobras contra las instituciones oficiales y el proceso electoral.

En esta fase, el núcleo dos, compuesto por seis procesados, fue responsabilizado por elaborar las actas del golpe, monitorear al ministro Alexandre de Moraes, y coordinar con la Policía Federal de Carreteras acciones destinadas a obstaculizar el sufragio en el noreste del país.

Las audiencias incluyeron tanto testimonios de defensa como de la Fiscalía, con un papel destacado del exasistente del expresidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, quien proporcionó pruebas que involucraron directamente a Bolsonaro y a su entorno cercano, aportando documentos y declaraciones relevantes para el caso.

Las declaraciones continuaron hasta el miércoles, en formato de videoconferencia, y en los próximos días está previsto que los magistrados de la primera sala del STF realicen los interrogatorios del núcleo cuatro, compuesto por individuos acusados de divulgar información falsa y atacar instituciones públicas.

Tras completar esta fase, el juez responsable preparará un informe exhaustivo que servirá como base para la emisión del voto final, siendo este documento fundamental para el análisis del caso ante los magistrados.

Aunque aún no hay una fecha definida para la conclusión del informe ni para la discusión en sala, se estima que el proceso pueda resolverse entre septiembre y octubre. Este juicio ha sido considerado uno de los más importantes en Brasil en las últimas décadas, ya que involucra a figuras clave del escenario político nacional y enfrenta directamente la amenaza a la institucionalidad democrática, poniendo en juego el futuro del sistema democrático del país.

Por otra parte, según la Procuraduría General, el núcleo principal de los acusados, ligado directamente a Bolsonaro, habría diseñado estrategias para impedir la transferencia pacífica del poder a Lula da Silva, tras su victoria electoral. Los procesados enfrentan cargos graves, como intento de destrucción del Estado de derecho, conspiración, organización criminal armada y daño patrimonial, con penas que podrían sumar hasta 43 años de prisión.

La investigación también reveló documentos comprometedores, reuniones secretas y borradores de decreto que proponían la intervención de las Fuerzas Armadas y la anulación de los resultados electorales, constituyendo un caso que podría sentar un precedente clave en la defensa de la democracia en América Latina.

CIUDAD CCS