19/07/25.- El Gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, anunció el inicio del proceso para privatizar Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa responsable de suministrar agua potable y servicios de saneamiento en la ciudad de Buenos Aires y en 26 zonas del conurbano bonaerense. La privatización busca transferir el 90 % de las acciones a capitales privados, permitiendo así la participación del sector privado en la gestión del servicio.

Además, se garantizará que los empleados de AySA mantengan el 10 % del capital social a través del Programa de Propiedad Participada, promoviendo la continuidad del personal como accionistas.

Manuel Adorni, vocero presidencial, explicó que el esquema será mixto, combinando una licitación nacional e internacional para elegir un nuevo operador y una oferta pública inicial para abrir el capital a otros inversores.

La justificación oficial para esta medida es que, desde que la empresa fue estatizada en 2006, ha requerido aportes de fondos argentinos por un monto de 13.400 millones de dólares, y muestra signos de deterioro en infraestructura, incremento en la cantidad de personal, y aumento en la morosidad de los usuarios.

A pesar de estas críticas, un informe interno de AySA revela que la empresa logró superávit en 2024 gracias a aumentos en tarifas, lo que será utilizado por el Gobierno para atraer inversores, presentando a la compañía como una opción rentable y moderna. AySA fue creada en reemplazo de Aguas Argentinas, controlada anteriormente por la francesa Lyonnaise des Eaux, tras cancelar ese contrato en 2006 por incumplimientos y calidad deficiente.

Luego de la estatización, AySA logró expandir significativamente la cobertura de agua y saneamiento, alcanzando a millones de habitantes en el país.

La iniciativa de privatización responde a una estrategia general del Gobierno para disminuir la intervención estatal en la economía, similar a las políticas instauradas en los años 90 bajo el impulso de las privatizaciones. Bajo la Ley Bases, AySA y otras siete empresas públicas son consideradas "privatizables", con el objetivo de reducir gastos y estructurar un Estado más pequeño.

La primera privatización en esta gestión fue la de Impsa, una siderúrgica creada hace más de un siglo, cuya mayoría de acciones fue entregada a un consorcio estadounidense.

Además de AySA, el Gobierno ya privatizó varias empresas, como Energía Argentina (Enarsa), Intercargo, Corredores Viales y Belgrano Cargas. Estas privatizaciones pretenden fortalecer una política de desguace del Estado con la finalidad de reducir costos y fomentar inversión privada en sectores estratégicos. La tendencia refleja la visión del Gobierno sobre la necesidad de modernizar el país a través de la participación del sector privado, en línea con las acciones realizadas en otros ámbitos económicos y de servicios públicos.

CIUDAD CCS