16/07/2025.- Los victimarios eran funcionarios de la PNB que llegaron al barrio disparando sin ton ni son, en busca de una moto que le habían robado al amigo de uno de ellos.

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La señora tuvo que abrirse paso entre las innumerables barreras que habían colocado en su camino. Hubo muchos que no querían que ella llegara al final del trecho; no les convenía, pues sabían que si ella lograba traspasar las decenas de obstáculos, se las verían muy mal. Esos muchos eran los mismos de siempre, y utilizaban los mismos métodos, solo que ahora se habían colocado máscaras para pretender confundir y seguir actuando a sus anchas. Ya en una oportunidad algunos habían logrado llegar hasta el final del camino y otros se quedaron en el intento, o murieron de viejos sin haber visto ese final. Los que sí llegaron incluso lograron que se activaran varios mecanismos y que la institución para la que trabajaban —Policía Metropolitana— fuera eliminada, muchos de los colocadores de obstáculos fuesen apartados y otros, enjuiciados.

En esta ocasión, la señora actuó con lupa y supo distinguir, entre las barreras, cuáles estaban allí por casualidad, por el destino, y las que habían sido implantadas. Actuó con algo de miedo, porque sabía de lo que eran capaces los colocadores de obstáculos, pero se armó de valor, quizás influenciada por algunas lágrimas derramadas, unos gritos desgarrados y la inocente mirada de dos muchachos adolescentes.

Luego de siete largos años, contra todo pronóstico, la Señora Justicia llegó al final del camino. Los colocadores de obstáculos no lo podían creer. Hasta entonces, lucían invencibles, todopoderosos. A su lado, sonriente, caminaba otra señora, la Señora Verdad. Habría dicho Argimiro Gabaldón: "Somos la vida y la alegría, en tremenda lucha contra la muerte y la tristeza".

La voz de la señora trinó y estremeció el Tribunal 32 del Área Metropolitana de Caracas. La sentencia emitida se diluyó por todos los rincones. A algunos les provocó lágrimas, a otros, alegría, pero a los colocadores de obstáculos les causó sorpresa. Eso no era lo que estaba en los planes. A eso no estaban acostumbrados. Los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana —los colocadores de obstáculos— fueron condenados a 28 y 30 años de prisión, tras haber sido evaluados y sopesados los elementos suficientes y contundentes que los relacionaban como responsables directos del asesinato de dos muchachos de apenas 13 y 17 años de edad. El hecho ocurrió el 5 de diciembre del año 2018 en un barrio humilde, enclavado a la altura del kilómetro cero de la carretera Panamericana, parroquia Coche.

Apenas comenzaba a caer la noche. Los vecinos se habían arremolinado en la calle y estaban acomodando todo porque tenían previsto montar un pesebre. La señora Heidy Moreno, sus hijos y algunos sobrinos eran parte del grupo promotor. Todo era alegría. En una casa cercana colocaban música navideña. De pronto, el ambiente se tensó y desde la oscuridad se comenzaron a percibir fogonazos en busca de cuerpos.

Los autores de los disparos eran nueve policías, miembros de la Policía Nacional Bolivariana. Cuatro adolescentes resultaron heridos, pero los uniformados ni se inmutaron. Ricardo Castro, de tan solo 13 años, murió en el sitio en los primeros segundos, pero su hermano Jhonaikel, de 17 años, quien acababa de llegar de casa de unos familiares en la provincia, resultó herido. Los uniformados, lejos de auxiliarlo, comenzaron a golpearlo, a amenazarlo y a preguntarle por una moto que le habían robado a un amigo de los policías. Como el muchacho no contestó —porque nada sabía—, le metieron un plomazo a corta distancia y lo mataron en seco.

Los colocadores de obstáculos, como siempre solían hacer, recogieron algunas conchas de bala del piso, se fueron sin auxiliar a nadie ni mucho menos disculparse ante aquella madre llorosa que acababa de perder a dos de sus hijos. El barrio todo quedó entristecido, rabioso e impotente. A partir de ese momento, comenzó la larga travesía de la Señora Justicia por tratar de aclarar lo que había ocurrido e identificar y castigar a los responsables de tan vil crimen.

En el camino hubo de todo, desde amenazas, llamadas telefónicas anónimas, hombres desconocidos rondando el barrio, declaraciones tergiversadas a los medios de comunicación, trabas para ralentizar el proceso, enfermedades que no existían…

El juicio hubo de ser suspendido en varias ocasiones por diversas razones. La más común era que el organismo policial FAES, que tenía la obligación de trasladar a los uniformados hasta el tribunal, no los llevaba. Las excusas eran variadas: que si no llegó el oficio, que si no había patrullas, que si no tenían gasolina, que sí estaban enfermos. Tres de los imputados eran de las FAES y seis de la PNB de El Valle.

Finalmente, la Fiscalía 81 del Ministerio Público formuló la acusación respectiva, pero lo hizo como sin ganas y, para rematar, el Tribunal 44 de control, pese a que se trataba de delitos graves, gravísimos, les dictó medida de arresto domiciliario a solo seis de ellos. Sí, así como suena, arresto domiciliario, es decir, fueron presos, pero todos en sus casas. Lo peor es que ni siquiera tenían custodia, es decir, los uniformados podían salir y entrar cuando quisiesen. De hecho, lo hicieron en varias ocasiones, como quedó demostrado, luego de que uno de ellos falleciera al estrellar su motocicleta en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de la estatua de María Lionza, cuando se suponía que debía estar bajo arresto domiciliario.

Ante la presión de la familia, abogados solidarios y algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos, se logró que fuese cambiado el fiscal que llevaba el caso y que el juicio avanzara. Se realizó una reconstrucción de los hechos en la que participó una unidad especializada del Ministerio Público. Se mostró claramente la responsabilidad y concertación de los agentes policiales. El caso fue tomado por la Fiscalía 80 Nacional y el juicio se desarrolló hasta el final en el Tribunal 32 del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Virginia Castellano, y se aceptó la evacuación de todas las pruebas.

Por momentos, la señora Justicia se sentía desfallecer, pero tomaba nuevos aires al ver la decisión y determinación de la mamá y demás familiares y amigos de los jovencitos asesinados. Como dicen los compañeros del colectivo Surgentes, fue una verdadera guerra a pulso entre quienes lucharon por la justicia y quienes intentaron en todo momento garantizar la impunidad.

Luego de siete largos años, quedó suficientemente demostrado el homicidio intencional calificado por motivos fútiles —en uno de los casos, precedido de tortura—, el uso indebido de arma orgánica y el encubrimiento.

Entre los agentes policiales condenados están Rodolfo Castañeda, Jorge Keiner Fuentes, Juan José Hernández, Alfredo del París Lara, Aníbal Rodríguez, Derwin Gudiño, Iber Díaz Fernández y Rodolfo Castellano.

"Así como hubo fiscales, jueces y jefes policiales que intentaron que los funcionarios no fueran castigados, también hubo otros que actuaron por la justicia y mucha gente que se solidarizó con mi lucha", señaló, toda llorosa, la señora Heidy Moreno, madre de los chicos asesinados, al hacer un balance de lo ocurrido en estos siete años.

Días antes de la sentencia, había declarado a algunos medios de comunicación su clamor porque

… los asesinos sean sancionados de manera justa, para que otras madres no tengan que vivir el dolor que yo estoy viviendo. A la jueza, le pido que no se vaya a dejar presionar por quienes protegen a los policías. Nadie me va a devolver la vida de mis hijos, pero ella no puede soltar a esas personas que le hicieron tanto daño tanto a mi familia, y que pueden seguir dañando a otros.

Por su parte, Antonio González Plessman, vocero de Surgentes, declaró:

Como sociedad, tenemos el deber de transformar ese desprecio estructural por la vida y por el principio de igualdad. Esta sentencia es un pequeño triunfo, que esperamos anime a otras personas y colectivos a luchar por la transformación estructural de las múltiples injusticias que surcan nuestra sociedad.

Wilmer Poleo Zerpa