08/07/25.- El gobierno de El Salvador admitió ante investigadores de las Naciones Unidas que la administración Trump conserva la autoridad sobre los venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos a una prisión salvadoreña. Esta declaración contradijo las afirmaciones públicas realizadas por funcionarios de ambas naciones.

La divulgación se incluyó en documentos judiciales que presentaron el lunes abogados que representaban a más de un centenar de migrantes, quienes buscaban impugnar sus deportaciones a la mega prisión de El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). El caso se convirtió en uno de los múltiples desafíos a las rigurosas políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Funcionarios salvadoreños escribieron en respuesta a consultas de un grupo de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: "En este contexto, la jurisdicción y la responsabilidad legal sobre dichas personas recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes". El grupo de la ONU investiga el paradero de los hombres que se trasladaron a El Salvador desde Estados Unidos a mediados de marzo, incluso después de que un juez estadounidense dictaminó que los aviones que los transportaban debían regresar.

Sin embargo, los representantes legales de los migrantes sostuvieron que el informe de la ONU evidenció lo contrario. Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), señaló en un correo electrónico: "El Salvador ha confirmado lo que nosotros y todos los demás entendíamos: es Estados Unidos quien controla lo que sucede con los venezolanos que languidecen en el Cecot. Sorprendentemente, el gobierno de Estados Unidos no proporcionó esta información a nosotros ni al tribunal", refirió AVN.

Skye Perryman, directora ejecutiva y presidenta de Democracy Forward, afirmó que los documentos revelaron "que la administración no ha sido honesta con el tribunal ni con el pueblo estadounidense". La ACLU y Democracy Forward se encargaron de la representación legal de los migrantes.

Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a emitir comentarios. Los funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

En marzo, la administración aceptó desembolsar 6 millones de dólares para que El Salvador albergara a 300 migrantes. El acuerdo generó una controversia inmediata cuando Trump invocó una ley del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros, para expulsar velozmente del país a hombres que el gobierno acusó de ser miembros de la banda venezolana Tren de Aragua.

En un caso relacionado, la administración envió por equivocación a Kilmar Ábrego García a la misma prisión, a pesar de la orden de un juez que prohibía que el salvadoreño, residente en Maryland, se trasladara a El Salvador. Inicialmente, la administración se resistió a las órdenes judiciales para traerlo de vuelta a Estados Unidos, argumentando que ya no se encontraba bajo custodia estadounidense. Finalmente, Ábrego García regresó a Estados Unidos, donde ahora enfrenta cargos de tráfico de personas mientras las disputas legales persistían.

El mes pasado, una coalición de organizaciones proinmigrantes interpuso una demanda para anular el acuerdo carcelario con El Salvador. Argumentaron que el arreglo para mantener a los migrantes detenidos fuera del alcance de los tribunales estadounidenses quebrantaba la Constitución.

CIUDAD CCS