24/06/25.- La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes a la administración de Donald Trump reanudar las deportaciones de migrantes a terceros países sin necesidad de notificación previa. Esta decisión suspendió una orden previa del juez federal Brian Murphy, que obligaba al Gobierno a informar a los migrantes con al menos 10 días de anticipación y a darles la oportunidad de argumentar riesgos de tortura o persecución en los países de destino.

El fallo refleja un cambio en la postura del tribunal, priorizando la rapidez y la eficiencia en las deportaciones, alineándose con las políticas de Trump.

La administración Trump había solicitado una intervención de emergencia, alegando que la orden judicial limitaba su autoridad presidencial y obstaculizaba negociaciones diplomáticas. La decisión de la Corte, respaldada mayoritariamente por los jueces conservadores, ahora permite una mayor agilidad en las deportaciones masivas, incluso enviando migrantes a países con los que no tienen vínculos previos, como Sudán del Sur, Panamá o Costa Rica.

Cabe señalar, que esto forma parte de una estrategia del Gobierno para reducir la migración irregular a través de acuerdos bilaterales que faciliten la expulsión rápida.

Por su parte, el procurador general D. John Sauer defendió la medida argumentando que el caso involucra a "algunos de los peores extranjeros ilegales", muchas veces implicados en delitos graves que dificultan su retorno. Sin embargo, el juez Murphy había señalado que los migrantes solo buscaban ser informados y tener la oportunidad de demostrar riesgos de persecución o muerte en los países de destino. En su orden, insistió en que la Constitución garantiza el derecho a un mínimo proceso y garantías procesales para estos casos.

Por otro lado, los jueces liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson emitieron un disenso contundente, calificando la decisión como un “abuso flagrante” y acusando al tribunal de recompensar la desobediencia del Gobierno a órdenes judiciales previas.

La polémica refleja la creciente tensión entre el poder judicial y las políticas migratorias de Trump, que buscan acelerar los procesos de expulsión, en un contexto de estrategia política centrada en reducir la migración irregular. Aunque aún se continúa la disputa en tribunales inferiores, la decisión de la Corte Suprema tiene un impacto inmediato en las políticas migratorias del país.

CIUDAD CCS