22/06/2025.- En agosto de 2024, la primera noticia que escaló las páginas de los diarios internacionales fue el arresto del presidente de la red social Telegram, Pavel Durov. La segunda noticia —tan importante como la anterior que, sin embargo, no alcanzó primera plana— fue que más de la mitad de los legisladores europeos congelaron los decretos y proyectos legislativos sobre regulación o control de las redes sociales y, además, bajaron repentinamente el tono del debate. Ese mismo día, tres empresas especializadas en tendencias digitales y comportamientos en línea, Kepios, Our World in Data y Data Reportal publicaron cifras representativas del tema: los 5.130 millones de usuarios de las redes sociales representan más de la mitad de la población mundial: 64,7 millones de personas y su número a escala planetaria creció a una velocidad irreversible y sorprendente: desde 2005, más de 600 mil internautas se conectaron cada día por primera vez y su cantidad a escala mundial saltó de 413 millones en el 2000, a más de 3.400 millones en 2016. Solo un tercio de la población mundial no tenía acceso a Internet, pero las proyecciones estimaron para 2027 no menos de 5.850 millones de usuarios. Pocos medios internacionales evaluaron el potencial trasfondo político de las redes en 2021, cuando Twitter eliminó la cuenta del presidente Donald Trump (@realDonaldTrump) “debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia".

Irónicamente, el magnate neoyorquino fue el primer jefe de Estado que contrató las redes sociales en su campaña electoral. Solo una agencia informativa asomó discretas conjeturas políticas contra el empresario digital: Moscú, 25 ago (EFE).- El ruso Pavel Durov, creador junto a su hermano de la red de mensajería encriptada Telegram y en la actualidad detenido en suelo francés, ha logrado irritar por igual a Rusia y Occidente con su actitud “libertaria” a la hora de negarse a colaborar con las autoridades, sea “para combatir la disensión política o el extremismo”.

Más allá de los celos oficiales y la desconfianza de las élites políticas, es indudable que la independencia informativa de las redes rebasa el concepto del Estado planetario sobre la libertad de expresión absoluta, un derecho jamás concedido por las democracias del mundo, en los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". Un ejercicio de imaginación podría ilustrar la dimensión de los intereses en juego: Si en vez de Telegram el delito hubiera sido cometido por el New York Times, con 11 millones de lectores abonados, el caso habría terminado, como siempre, clausurando el medio total o parcialmente, pero no encarcelando a su dueño.

Al parecer, a Telegram hubo que darle con contundencia, no por sus 950 millones de seguidores ni por los 5.000 millones de usuarios de la red, sino porque la libertad de expresión absoluta no existe. Solo existe la libertad de expresión vigilada desde hace 500 años, cuando el Estado de entonces (la Iglesia) prohibió a Gutenberg publicar la Biblia. No será difícil entenderlo.

Raúl Pineda