20/06/2025.- Quizás uno de los más ingeniosos inventos del sistema capitalista es la creación de las denominadas corporaciones, que en Venezuela se identifican y asimilan a las denominadas compañías y sociedades anónimas (C.A. y S.A.).

En nuestra legislación mercantil son consideradas como entidades o personas jurídicas con la capacidad de ejercer actos de comercio. Sin embargo, nos interesan en particular en esta ocasión para resaltar su utilidad y como una abstracción económica-jurídica configurada. Para dotarles de la capacidad de operacionalizar las organizaciones, se transforman en los sujetos de la gestión empresarial e incluso institucional, que además constituyen el ámbito de acción y análisis de la gerencia.

Así, en una determinada sociedad, teóricamente los superávits de recursos de los individuos podrían canalizarse hacia los portafolios más productivos en un momento determinado, los cuales se encontrarían estructurados como los planes de inversión en esas corporaciones —que adoptan las formas de C.A. y S.A.—, es decir, que serían la forma de canalización de cómo el ahorro colectivo se aplicaría en los proyectos de mayor rentabilidad, y de esta forma el beneficio generado se distribuiría colectivamente, aunado, además, porque las compañías contarían, en su seno, con los mejores directores y administradores, lo cual garantizaría la óptima utilización de los excedentes (ahorros) de la comunidad.

Por otro lado, se contempla que los pequeños ahorristas e inversionistas, dada la magnitud de los recursos que poseen individualmente, no resultan suficientes para acometer las empresas y proyectos en forma particular, ya que estos demandan y exigen ingentes volúmenes de recursos; y es a través de este mecanismo, de la “democratización” de las inversiones, que se posibilita que todos los ciudadanos participen, cooperativamente, en los procesos de creación de valor y riqueza, a través de la suscripción de una cuota parte del capital de las corporaciones, es decir, al hacerse propietario, titular del número de acciones que podrá adquirir de acuerdo a su capacidad financiera. En otras palabras, se transforma en “accionista” y participa en la máxima instancia de la toma de decisiones: la asamblea de accionistas; es un propietario, se ha convertido en un capitalista.

Cabe destacar que subyace una poderosa razón de orden jurídico en la constitución de las sociedades y compañías anónimas, que consiste en solo exponer y comprometerse en términos económicos y jurídicos en cualquier actividad o negocio al que se dedique la corporación, solo por el monto suscrito y pagado en acciones. Expresado de otra forma, la empresa solo garantiza y se reponsabiliza frente a terceros en su accionar habitual en los negocios que atienda por el monto del patrimonio o capital social representado por las acciones o participación de los socios. Es una forma de resguardar y proteger la riqueza y haberes personales, de protegerse frente a los riesgos: legales, económicos, financieros, comerciales, quiebras, impagos, entre tantos otros. De esta forma, cada uno de los accionistas, como personas naturales, solo exponen el sustrato económico-material que representa el capital accionario.

Sin embargo, cabe preguntarse por qué las compañías privadas más importantes, poderosas, rentables e influyentes, al menos en nuestro contexto, que adoptan las modalidades de C.A. y S.A., no permiten o viabilizan sin restriccion alguna que cualquier miembro de la sociedad, institución u organización no gubernamental pueda convertirse en accionista, en propietario, y así tener acceso a sus instancias de gobierno corporativo, en convertirse en miembro de sus juntas directivas, en participar de las decisiones estratégicas, las que definen sus cursos de acción como abstracciones jurídicas, como compañías que se lucran en la actividad y operación a la que se dedican como agentes económicos.

La respuesta es obvia, las C.A. y S.A. son eufemismos, es un invento del sistema, un artilugio de espejismo, un poderoso dispositivo legal-económico, un potente mecanismo para operar en el mercado con la seguridad de no tomar riesgos más allá de lo que los accionistas están dispuestos a asumir, y se verifica, además en la realidad, que no hay posibilidad de acceso a su control accionario, de una verdadera y factible democratización de las inversiones, de una real participación social de la riqueza por parte de la población en general, pues se atentaría contra la concentracion del capital, se vende un sueño, la posibilidad teórica, pero no concreta, de ser un pequeño propietario, inversionista, un capitalista, de apropiarse de una parte de la riqueza de esas empresas “exitosas”.

En concreto, en nuestro contexto nacional no somos la inmensa mayoría de los habitantes del país accionistas, propietarios, dueños de las compañías, que han adoptado las formas de S.A. y C.A., dedicadas a sectores tales como: banca, seguros, comercio, tecnologías-telecomunicaciones, servicios médicos privados, farmacéutico, alimentos y bebidas. No ha operado la democratización del capital y, en consecuencia, ha debido el Estado asumir, con esas formas jurídicas, los sectores y actividades estratégicos, por razones de interés público y social; no es el mercado, como mecanismo del modelo capitalista, el más eficiente para la distribución más equitativa del bienestar en una sociedad.

El reto para los administradores latinoamericanos es definir nuevas formas organizacionales y modalidaes de gestión que sean compatibles con el paradigma alternativo que plantea el Sur Global, es una contradicción utilizar las entidades específicas e intrínsecas al capitalismo y desear adaptarlas, sin las consideraciones críticas, por ejemplo, a la arquitectura de un sistema socialista, a sabiendas, además que sus supuestos y princípios distan de la procura equitativa de la mayor suma de bienestar material para los seres humanos.

Héctor E. Aponte Díaz

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