17/06/25.- Este martes fue presentado por los fiscales federales argentinos, Diego Luciani y Sergio Mola, la solicitud ante el Tribunal Oral Federal 2 de denegar la petición hecha por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de 72 años, de cumplir la condena de seis años en su domicilio. El proceso por el caso de Vialidad, es señalado por irregularidades, con denuncias por persecución judicial.

Tras la solicitud de los fiscales, considerada no vinculante, ha generado desacuerdos debido al trato judicial que la ex líder argentina recibe, además de cumplir con los requisitos legales para la solicitud del beneficio debido a su edad, por haber sido víctima de intento de asesinato en el año 2022 y por cumplir un rol importante como figura opositora.

El tribunal, dio un plazo a Cristina Fernández hasta el miércoles 18 para tomar una decisión. Entre tanto, desde el peronismo convocan a una movilización denominada como “la más grande de la historia” a fin de acompañar a su líder desde su domicilio hasta los Tribunales Federales.

En el documento presentado por los fiscales, sostienen que “no se advierten razones humanitarias” que justifique la medida, mientras que en el Código Penal argentino en su artículo 32 bis establece que los mayores de 70 años “podrán” cumplir con la pena en sus domicilios.

Asimismo, la líder peronista alega riesgo de vida, avalado por informes médicos, tras el ataque sufrido con arma de fuego, que ha sido calificado como magnicidio. Sin embargo, los fiscales descartaron que su condición de ex presidenta, así como los demás cargos impliquen un riesgo en prisión, afirmando que el Gobierno garantiza su seguridad en una unidad carcelaria. Omitiendo que el Estado argentino la incluyó en un programa de protección especial por amenazas continuas en el año 2023.

Mientras se espera la decisión del Tribunal, ya hay reacciones internacionales que cuestionan el uso de la justicia contra líderes opositores en América Latina, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humano (CIDH) y organismos de derechos humanos.

CIUDAD CCS