11/06/25.- La defensa de la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK) presentó un pedido ante el Tribunal Oral Federal 2 para que la condena de seis años de prisión, impuesta este martes por la Corte Suprema, sea cumplida bajo modalidad de arresto domiciliario, sin la utilización de tobillera electrónica.

Este requerimiento se basa en razones de su seguridad personal, dado que Fernández de Kirchner tiene 72 años y fue víctima de un atentado en 2022.

Los abogados de la líder peronista, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, argumentan en un extenso escrito que la detención en una cárcel común no garantizaría adecuadamente la seguridad de la expresidenta. Indican que el eventual traslado a prisión resultaría en un régimen de aislamiento absoluto y vigilancia permanente, medidas que consideran incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales en materia penitenciaria.

En el pedido, se sugiere que la condena se cumpla en el departamento de San José 1111, donde Fernández vive con su hija, Florencia Kirchner. La defensa resalta que la disponibilidad de custodia las 24 horas hace innecesario el uso de una tobillera electrónica, aunque este dispositivo está previsto en la Ley de Ejecución Penal.

Por otro lado, la Fiscalía, representada por Diego Luciani y Sergio Mola, insiste en la necesidad de que la exmandataria sea detenida de inmediato. Consideran excesivo el plazo de cinco días hábiles que el juez Jorge Gorini otorgó para que la condenada se presente en Comodoro Py 2002 y quede bajo custodia.

El Ministerio de Seguridad de la Nación fue requerido para identificar lugares adecuados para su alojamiento mientras se resuelven las diferencias entre las partes.

La situación de Cristina Fernández de Kirchner ahora se encuentra en manos de la justicia, que deberá sopesar los argumentos de la defensa sobre seguridad y edad, frente a la posición de la fiscalía.

Esta condena, dictada en diciembre de 2022 por un tribunal oral federal y apelada ante la Corte Suprema, se basa en acusaciones de administración fraudulenta durante su mandato (2007-2015), específicamente por el supuesto direccionamiento de contratos de obra pública hacia el empresario Lázaro Báez.

El caso ha generado gran controversia, con la defensa de CFK denunciando una persecución judicial, organismos de derechos humanos advirtiendo sobre la falta de pruebas directas y líderes mundiales manifestando su rechazo ante lo que consideran un problema judicial en Argentina.

Cristina Kirchner recibe apoyo internacional

La exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK) ha recibido un amplio respaldo de la comunidad internacional tras la reciente confirmación de su condena de seis años de prisión por presuntos actos de corrupción. La decisión de la Corte Suprema de Justicia es vista por muchos líderes políticos y organizaciones como un episodio de "lawfare" y un golpe político contra su figura.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció el uso político de la justicia, afirmando que “una vez más se utiliza la justicia con motivaciones políticas como instrumento de la derecha contra referentes progresistas de la región. Fuerza, estimada Cristina”.

Por su parte, el mandatario de Bolivia, Luis Arce, también mostró su apoyo, describiendo la situación como un “evidente uso de la justicia como herramienta para socavar las fuerzas de izquierda y del campo nacional popular”.

Evo Morales, expresidente de Bolivia, se unió a las voces de solidaridad, expresando su indignación. “La condena injusta de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua no es otra cosa que persecución política para proscribir a una lideresa del pueblo”, afirmó Morales, quien comparó la situación actual con el histórico Plan Cóndor, señalando que “ahora son jueces serviles a las oligarquías quienes ejecutan golpes judiciales contra quienes defienden la soberanía y los derechos de las mayorías”.

Desde Brasil, el Instituto Lula emitió un comunicado en el que se expresa una profunda preocupación por la detención de Kirchner, indicando que la construcción de teorías jurídicas para responsabilizarla por actos de subordinados “representa un peligroso retroceso en la separación de poderes y el Estado de derecho”.

En España, dirigentes del partido político Podemos también condenaron la situación. Irene Montero, diputada de la formación, calificó la condena a Cristina Fernández como “golpismo: guerra sucia, judicial y mediática”. Montero enfatizó que “la quieren presa y fuera de la política. A las fuerzas democráticas del mundo nos deben encontrar a su lado. Contigo, Cristina”.

CIUDAD CCS