27/05/2025.- Estados Unidos anunció el fin de las medidas coercitivas unilaterales que aplicó a Siria desde el año 1979, cuando calificó al país como Estado terrorista, con las subsiguientes escaladas punitivas (nuevas sanciones) en el 2004 y el 2011. Los gobiernos sirios no resultaban del agrado del norteamericano, que se ensañó contra esta nación, aplicando medidas que afectaron profundamente su economía y desarrollo: bloqueo de propiedades del gobierno, prohibición de inversiones extranjeras, prohibición de exportación y venta de servicios de personas y empresas estadounidenses al país, prohibición de transacciones de la industria petrolera y sanciones a personeros del gobierno.

Este tipo de medidas —nada extrañas a los venezolanos— provocaron pérdidas multimillonarias al país árabe e impidieron su evolución y desarrollo soberano, condenando a la población siria, ya inmersa en un territorio históricamente complejo y conflictivo, a una profunda crisis estructural.

Con la caída de Bashar al-Ásad luego de trece años de guerra civil y la puesta en el poder de un personaje, Abu Mohamed al Julani, aliado de Occidente, no era de extrañar que los estadounidenses levantaran el régimen de sanciones. Al Julani, reconocido terrorista (por los mismos Estados Unidos) y líder del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), está lejos de defender intereses nacionales. Por el contrario, está dando carta abierta a las potencias extranjeras para negociar los recursos de Siria, mientras el país continúa sumido en el caos.

El anuncio oficial de Washington sobre el levantamiento de sanciones es tan descarado que incluso nombra a Al Julani como uno de los individuos autorizados para realizar transacciones. Además, sin ningún pudor, la comunicación señala que con el fin de las sanciones se "posibilitarán nuevas inversiones y actividades del sector privado". Así las cosas, el gobierno de Trump y su holding empresarial obtendrían el tan anhelado petróleo sirio de manera directa —recordemos que EE. UU. ya controlaba los campos petroleros del noreste del país en una coalición con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS)— o con la menor interferencia gubernamental del país, cuya estructura institucional actual es endeble, por decir lo menos.

El levantamiento de las sanciones y la lista de beneficios que la medida traerá —dichas por los mismos que las promulgaron—, así como las consecuentes réplicas en los medios occidentales, dejan ver la desfachatez internacional frente al uso de estas ilegales medidas de presión que un Estado poderoso ejerce contra naciones que, simplemente, deciden ejercer cierto control sobre sus recursos y territorios o reclamar derechos soberanos sobre los mismos.

Las sanciones de Estados Unidos no se aplican a "naciones terroristas" o "amenazantes", sino a países que no se han prestado a entregarse a los estadounidenses y sus empresas, o a seguir el absurdo principio del derecho divino sobre el mundo que solo se lo creen ellos.

Mariel Carrillo García