Defensoría suscribió acuerdo regional de protección a los migrantes

Iberoamérica ratificó que la dignidad humana orientar las políticas movilizadas

09/10/26.- Con una postura firme en defensa de los derechos de la población migrante, la Defensoría del Pueblo de Venezuela, junto a otras 24 instituciones de la región, suscribió la Declaración de Cartagena de Indias 2026 bajo la premisa 'Migrar no es un delito', en el marco de la VIII Cumbre Iberoamericana sobre Movilidad Humana. En el encuentro se ratificó que la dignidad y los derechos humanos deben constituir el eje central de toda política migratoria en el continente.

La representación venezolana participó en alianza con la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) y la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA). Esta articulación regional permitirá consolidar mecanismos de monitoreo, alertas tempranas y recomendaciones ante violaciones de derechos hacia migrantes, refugiados, retornados y víctimas de trata de personas.

Durante el encuentro, las instituciones defensoras de derechos humanos abordaron lineamientos fundamentales para la protección integral ante el desplazamiento, garantías en zonas de frontera, la lucha contra la discriminación y los retos de la movilidad por cambio climático.

En este contexto, se reconoció el derecho de las comunidades afectadas por desastres ambientales a permanecer en sus territorios e igualmente se exigió que, cuando el desplazamiento sea inevitable, se garantice la participación activa de los afectados en la formulación de soluciones.

Asimismo, se rechazó la normalización de expulsiones masivas, detenciones indebidas y separación de familias, instando a la eliminación de cualquier sesgo discriminatorio en las leyes y políticas públicas de los Estados.

Además, la Defensoría reafirmó que ningún acuerdo bilateral o multilateral puede vulnerar el derecho internacional, haciendo hincapié en la necesidad de mantener un seguimiento continuo y transparente ante autoridades locales e internacionales.

"La respuesta a un momento tan adverso no puede limitarse a administrar lo posible, debe atreverse a proponer lo necesario”.

Reconocer que la movilidad humana es un derecho inherente a la condición humana y no una falta penal implica entender que desplazarse en busca de seguridad, bienestar o nuevas oportunidades responde a necesidades fundamentales de supervivencia y desarrollo. Criminalizar el acto de migrar no solo vulnera tratados internacionales y principios éticos universales, sino que incrementa la vulnerabilidad de las personas, exponiéndolas a abusos, exclusión y redes de trata; por ello, abordar los flujos migratorios desde la garantía de derechos y la corresponsabilidad continental representa el único camino para resguardar la dignidad en la región.

MELISSA VARELA / CIUDAD CCS